Cambios en las funciones que desempeña un periodista en un medio ocurren con frecuencia y constituyen parte del desarrollo normal de la actividad. Pero no es habitual que un cambio produzca declaraciones de una parte de un directorio, que se trasciendan afirmaciones extrañas de justificación (“para proteger al periodista”), intervención de otros profesionales con opiniones desde lo más odioso hasta lo más sensato, y que todo termine con la anulación de los cambios y la vuelta al punto de partida. Pero algo semejante ha ocurrido en Televisión Nacional, el único canal público que existe en Chile, con el anuncio del traslado de un periodista.

Precisamente al tratarse de un canal público, se esperaría la máxima transparencia en definiciones tan sensibles como estas, fácilmente susceptibles de interpretaciones políticas que las atribuyen a presiones externas. Lamentablemente, en estos casos poco claros se expresan opiniones que añaden elementos agrios a la controversia, incluyendo acusaciones insólitas, como la que hizo nada menos que la presidenta del Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas. Según ella, “todos hemos visto durante un par de años que Matías del Río tiene fallas éticas graves”, lo que evidentemente también importa una acusación al canal de televisión que lo ha mantenido en pantalla a lo largo de estos últimos años. La respuesta de otro miembro del mismo tribunal, el premio nacional de periodismo Abraham Santibáñez, puso una nota de cordura, al afirmar que “ningún periodista, ni a título personal ni de ser de un organismo como el tribunal de ética, puede de por sí y ante sí descalificar a otro por razones éticas”.

El periodista aludido recurrió al mismo directorio del canal para que se pronunciara sobre las palabras de la presidenta del tribunal. Como consecuencia, esta vez por unanimidad, el directorio le otorgó su respaldo al profesional, reconoció errores en la comunicación y lo restituyó al programa del cual se le había retirado “con el fin de evitar cualquier interpretación distinta al espíritu original de la decisión”.

Así, se da por terminada esta polémica, pero subsisten dudas acerca de la administración de prensa en el canal nacional, el respeto por la libertad de expresión, la solvencia del Colegio de Periodistas y su Tribunal de Ética y, por extensión, el control ético por los colegios profesionales. La decisión de cambiar al periodista no fue informada ni siquiera al directorio ni se entregó ningún antecedente válido, quizá porque no existían esos antecedentes a juzgar por la resolución final. Naturalmente, con esa actitud se alimenta la sospecha de que quienes valoran sus intereses políticos muy por encima de la libertad de expresión pueden haber presionado a los responsables del canal a tomar medidas. Pero también queda la duda acerca de la prudencia de quien está a cargo de presidir el Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas. Si bien este, que se ha mostrado muy activo en política, no representa a la mayoría de los periodistas —en su última elección votaron menos de 500 profesionales—, su ambición de controlar la ética de todos ellos es similar a la de otras agrupaciones gremiales. Pero con declaraciones injustas, difícilmente convencerán a sus miembros de distinta orientación política de que ellos son los llamados a realizar tan delicada tarea.