Señor Director:

El exministro Jaime Mañalich quiso poner en duda la legalidad de la medida de copago cero para los usuarios de Fonasa en la red pública de salud. Sin analizar lo que implica políticamente oponerse a una decisión administrativa de este tipo —tan necesaria en los tiempos que corren—, no lleva razón cuando afirma su ilegalidad.

El DFL 1 de Salud es claro al entregar expresamente a las autoridades administrativas la determinación de los porcentajes de cobertura de las prestaciones a financiar para cada uno de los grupos de nivel de ingreso. Y esa remisión se hace ordenándole a la autoridad que lo que determine no sea inferior a los porcentajes ahí definidos.

Esta forma de legislar, por lo demás, es la de más ordinaria ocurrencia en nuestro sistema jurídico. La ley fija las bases de la regulación de una materia y delega en la Administración la determinación específica de valores que las circunstancias del tiempo y el desarrollo pueden ir aconsejando variar.

Que la autoridad defina porcentajes mayores de cobertura es precisamente cumplir la ley, tanto porque se cumple con el encargo de determinación del monto de cobertura como porque se respeta la garantía mínima dispuesta por ella.

Raúl Letelier Wartenberg
Profesor de Derecho Administrativo
Universidad de Chile