Un grupo de 30 economistas de distintas sensibilidades, agrupados como “Convergencia Transversal”, ha lanzado un documento manifestando su preocupación por distintos contenidos de la propuesta de nueva Constitución, pues podrían “generar importantes riesgos e incertidumbres en materia económica, pudiendo afectar la estabilidad política y económica del país, y con ello su desarrollo socioeconómico”.

La declaración, suscrita por tres de los últimos cuatro decanos de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile —el actual decano y expresidente del Banco Central José De Gregorio; Manuel Agosín y Joseph Ramos—, además del exsubsecretario de Hacienda del gobierno de Michelle Bachelet, Alejandro Micco, y el decano de Economía de la UDP, Mauricio Villena, entre otros destacados técnicos, sostiene que la propuesta constitucional “no representa una mejora en términos de gobernabilidad, estabilidad e incentivos para que cada uno de los actores políticos, sociales y económicos actúe de forma coordinada y cooperativa en favor del bienestar general”.

Tal conclusión no es disímil de las advertencias realizadas por distintos intelectuales respecto de los graves riesgos que entraña el texto en una diversidad de otros ámbitos. Se trata, en muchos casos, de personalidades que apoyaron la opción Apruebo en el plebiscito de entrada o que desde hace años han abogado por un cambio constitucional, pero cuyas expectativas fueron defraudadas por el trabajo de la Convención. De este modo, si académicos como José Rodríguez Elizondo o Sofía Correa han advertido sobre los riesgos políticos que plantea el proyecto, los firmantes de esta declaración dan cuenta de los severos peligros económicos que también involucra, configurando un complejo cuadro futuro en caso de llegarse a implementar.

Entre los principales puntos que el grupo objeta, aparecen aspectos tan de fondo como el fin de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República en proyectos que irroguen gasto fiscal; la incondicionalidad de derechos sociales frente a la disponibilidad de recursos; la atribución de entidades territoriales para emitir deuda y recaudar impuestos, y la creación de empresas públicas regionales y municipales.

También cuestionan el mecanismo de compensación en caso de expropiaciones, pues la indemnización “a precio justo” no entrega claridad, y la forma como se regulan los derechos de agua vigentes. Otros puntos de inquietud son la restitución de tierras indígenas “sin bordes ni costos asociados”; la negociación colectiva por rama de actividad y la huelga no limitada a su ámbito; la desprotección de la propiedad intelectual e industrial; riesgos a la libre competencia, y la posibilidad de remoción de consejeros del Banco Central “por criterios políticos”.

Cada vez parece más claro que el proyecto emanado de la Convención no solo no resuelve los problemas actuales del país, sino que suma a eso los peligros de un diseño institucional mal concebido. Ello es especialmente relevante en el ámbito económico, tal como advierte este grupo de especialistas, cuya visión se contrapone a la tranquilidad que el ministro de Hacienda ha expresado respecto del texto constitucional. Se trata de una advertencia que no puede dejar de ser escuchada.