Así deben sentirse muchos votantes respecto del plebiscito del 4 de septiembre. Pese a que el 78% votó que quería una nueva Constitución, distintas encuestas ubican al Apruebo a corta distancia y por debajo del Rechazo, y reportan muchos indecisos. Como ni la propuesta de nueva Constitución ni la actual son satisfactorias, es cada vez más evidente que, sea cual sea el resultado, habrá que reformar para (re) construir un mejor texto que represente a una mayoría más sustancial del país.

Entonces, la pregunta clave es: ¿qué camino tiene más chances de ser efectivo para construir mayor consenso, aprobar para reformar o rechazar para reformar?

La respuesta depende de reformas que se decidirán después del plebiscito, pero que hoy nadie puede asegurarnos de que se llevarán a cabo (en jerga económica, son temporalmente inconsistentes; en jerga popular, son promesas que se lleva el viento). La fuerza política que logre mayor credibilidad en sus promesas podría inclinar la balanza.

Apruebo para reformar

La posibilidad de hacerle cambios al texto aprobado después del plebiscito debe sortear varios obstáculos. En los temas más relevantes tiene que reunir 2/3 de cada Cámara, o bien lograr 4/7 y aprobar un referéndum. Esta segunda alternativa no existe en el texto actual.

Considerando que Apruebo Dignidad (AD) tiene 24% en la Cámara Baja y 12% en el Senado, bastaría un acuerdo entre el llamado Socialismo Democrático y el resto de las fuerzas políticas (sin AD) para impulsar cambios. De ahí la importancia de las propuestas de mejora que planteó el PPD (NB: milité en el PPD). Aunque las propuestas sean insuficientes, son el potencial inicio de un puente. Adicionalmente, creo que se debe permitir la comercialización de las nuevas autorizaciones de uso de agua, poner bordes a la huelga y precisar elementos de la descentralización.

Sin embargo, hay otros escollos. Hacer estos u otros cambios sin AD generará una tensión extrema entre las dos coaliciones que sustentan al gobierno. Y no es claro que todos estén dispuestos a bancársela (la reacción del PS a la propuesta del PPD es sugerente). En otras palabras, es probable que AD siga sosteniendo el mango de la sartén.

En segundo lugar, la NC establece que “los pueblos y naciones indígenas deben ser consultados y otorgar el consentimiento previo, libre e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten” (art. 191, inc. 2do, versión armonizada). Si bien el artículo es parte del capítulo de Estado Regional, dado que no se precisa qué “asuntos” pueden llegar a “afectarles”, el consentimiento podría transformarse en un infranqueable candado a eventuales cambios. Harían bien los convencionales en clarificar su alcance.

Por último, el inaceptable chantaje detrás del argumento de que si gana el Rechazo se incrementará el conflicto, también se podrá aplicar a cualquier cambio que se le intente hacer a la magnum opus que un sector de la Convención cree haber escrito.

Rechazo para reformar

La derecha, por su parte, ha sido incapaz de señalar con claridad cuál es el camino que ofrece. Hace algunas semanas, tres presidentes de partidos de derecha, en una carta, intentaron endosarle al Gobierno la responsabilidad de construir aquel camino y recibieron un predecible portazo. Aparte de sendos acuerdos por el Rechazo y de promesas que hay que reformar, no hay más.

La pregunta es simple: ¿cómo puede la derecha hacer creíble que si gana el Rechazo no usará, una vez más, su poder de veto para evitar cambios?

La respuesta es complicada. En principio, el proyecto de los senadores Rincón, Walker y otros, que propone disminuir a 4/7 los quorums de reforma de la Constitución actual, facilitaría eventuales cambios (e incluso, la posibilidad para llamar a una nueva Convención). La derecha dijo apoyarlo, pero no ha pasado nada. Y, más importante, no es suficiente.

La primera razón es que los partidos EVO, RN, UDI y Republicano tienen 25 de los 50 votos del Senado. Eso significa que, aun si se rebajara el quorum a 4/7, la posibilidad de veto seguiría en las mismas manos en las que estaba antes del acuerdo de noviembre de 2019 (mientras las leyes orgánicas constitucionales seguirían con sus mismos cerrojos).

La segunda razón está relacionada a la anterior. Dado ese poder de veto, un camino creíble de reformas requiere de un listado y descripción precisa de los cambios que se estaría dispuesto a apoyar.

También necesitan de algún mecanismo con el que puedan asegurar que esa promesa se cumplirá. Aunque no es claro que dicho mecanismo exista, deben demostrar que quemarán sus naves.

Por último, está la historia. Haber criticado prácticamente cada uno de los cambios de la nueva Constitución les dificulta la tarea de aparecer como reformadores. Tal vez, podrían comenzar con lo que Marisol Peña propuso hace una semana en este diario, y adherir a la definición de Chile como un Estado Social y Democrático de Derecho.

Imagino que a muchos dudosos les encantaría tener una posición sin ambages respecto del plebiscito, como aquellos que lo tienen todo tan claro. Pero dudan de ambas constituciones y podrían decidir sus votos a partir de las reformas que, en las próximas semanas, se sugieran para uno y otro texto. Apoyarán la posición que sea capaz de proponer un mapa creíble del camino que recorreremos después del 4 de septiembre.