Todo indica que el resultado del plebiscito fijado para el próximo 4 de septiembre será incierto hasta último minuto. Por lo mismo, el triunfo del Rechazo es una posibilidad real (si alguien duda, basta revisar cualquier encuesta publicada durante las últimas 10 semanas). En este contexto, es indispensable que las distintas fuerzas políticas hagan todo lo posible por alcanzar un acuerdo que asegure la continuidad del cambio constitucional. Hay varios motivos que ayudan a entender la imperiosa necesidad de dicho acuerdo.

Por un lado, Chile tiene un problema constitucional no resuelto y de larga data, cuyo origen es anterior a la crisis política y social que explotó en octubre de 2019. Basta recordar las diversas iniciativas orientadas a reformar o incluso reemplazar la Constitución vigente, incluyendo sendas reformas en 1989 y 2005, así como el proceso constituyente iniciado por la expresidenta Michelle Bachelet. Por otro lado, es sabido que en el plebiscito del 25 de octubre de 2020, cerca de un 80% de los electores votamos Apruebo. Así, la ciudadanía validó y respaldó de modo masivo y categórico la idea de reemplazar la actual Constitución. Esto implica que el cambio constitucional tiene una legitimidad democrática innegable.

El problema, sin embargo, es que a estas alturas ya es un hecho que el texto de la Convención no goza de la misma aprobación. Ha recibido diversas críticas por sus defectos en materia de diseño institucional, por su excesiva cantidad de normas, por su muy difícil aplicación e interpretación, y por su desvinculación explícita de la tradición constitucional chilena. Más aún, es evidente que el borrador presentado por la Convención no concita apoyo transversal. Una deficiencia que, entre otras consecuencias negativas, implicará que el plebiscito de septiembre no será la ratificación de un gran acuerdo de vocación mayoritaria y alcance nacional, capaz de perdurar en el tiempo. De ahí la posibilidad del triunfo del Rechazo.

En este cuadro, y dado el apoyo masivo al propósito de dotarnos como país de una nueva Constitución —expresado en el plebiscito de octubre de 2020—, la eventual victoria del Rechazo no debería ser entendida como una negativa a la necesidad de un cambio constitucional, sino más bien como un repudio de la ciudadanía a la propuesta de la Convención. Por eso es tan relevante que las fuerzas políticas articulen un pacto que haga viable el reemplazo de la Constitución vigente frente a un triunfo del Rechazo. En términos simples, la ciudadanía tiene derecho tanto a rechazar la propuesta sometida por la Convención, si estima que esta no es satisfactoria, como a cambiar la Constitución que nos rige por una mejor.

En ese sentido, es valiosa la propuesta de reducir los quorum de reforma de la Constitución actual. Ello no solo facilitaría su modificación, sino también la posibilidad de establecer un nuevo mecanismo de reemplazo al texto constitucional vigente. Este proceso debería, en efecto, regularse por la Constitución en vigor —tal como ocurrió con la Convención—, lo que necesariamente exigiría una nueva reforma a la Carta Magna. Se trata de un primer paso digno de ser destacado y que no cabe sino aplaudir.

Pero se requiere ir más allá: la dirigencia política no puede improvisar una hoja de ruta el 5 de septiembre. Es fundamental que las fuerzas de gobierno y oposición recuperen el espíritu transversal del “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”, firmado el 15 de noviembre de 2019. Y que, actuando en consecuencia, consensúen una alternativa de reemplazo de la actual Constitución para el caso de que gane el Rechazo; una alternativa que el electorado pueda conocer a la hora de votar en el plebiscito de septiembre. El cambio constitucional merece una nueva oportunidad.

Claudio Alvarado
Josefina Araos
Sylvia Eyzaguirre
Juan Luis Ossa
Sebastián Soto
Francisco Urbina