Ya contamos con el articulado en materia de educación que hará parte del borrador de Constitución que se someterá a plebiscito. El texto propuesto perdió oportunidades que vale la pena detallar.

La primera oportunidad perdida fue construir sobre el sistema actual para dar un salto. Nuestro arreglo institucional permite que agentes públicos y privados contribuyan a la provisión de educación bajo reglas relativamente similares, dejando a la ciudadanía elegir su preferencia. Su principal ventaja es que permite que todas las personas opten por los proyectos que prefieren, no solo las que tienen recursos. Sin embargo, el borrador se funda en la tesis opuesta. Es un Estado que, solo si es forzado por ley, cederá parte de su prerrogativa exclusiva a las personas, siempre y cuando esta educación particular se someta a sus objetivos políticos, y su existencia se condicione al cumplimiento de su propia perspectiva.

Por el contrario, el ambiente propicio para que la sociedad civil en educación pueda prosperar requiere de un Estado que, siendo juez y parte, comprenda que el rol del privado debe ser regulado, pero también promovido y que entienda que cuando a un estudiante de colegio particular subvencionado o de una universidad privada le va bien, a la sociedad le va bien. Pero la idea predominante en la Convención ha sido la contraria: para que a la educación pública le vaya bien, es necesario que la particular disminuya. El primer paso es hacerla invisible.

La segunda oportunidad perdida fue modernizar la educación pública. El texto le concede financiamiento basal sin rendición de cuentas, como si ello fuera la receta del éxito. La captura por grupos de interés gremial o académico, la falta de transparencia, la rigidez de su administración, las pocas atribuciones de los directores, las tomas y paros que vulneran el derecho a la educación pudieron haberse abordado dando autonomía y autoridad a los establecimientos. Pero en su lugar, se fuerza un régimen común y se decreta la primacía del Estado en el control.

En lugar de convocar, convencer, potenciar y liderar, el borrador pretende que la educación pública se convierta en el eje del sistema forzando a todos a plegarse a su designio (que el borrador también deja atado). En lugar de establecer una gobernanza moderna, que asegure el cumplimiento de metas, estándares de calidad que sean una garantía para la ciudadanía, y la rendición de cuentas de enormes recursos que se invierten, se confía en declaraciones de principios. Todos pierden con esto: vale recordar que el control estatal sobre la educación pública a cambio de financiamiento basal no es más que una jaula de oro, muy propensa a la corrupción y captura.

La tercera oportunidad perdida fue la de otorgar certezas ante un escenario político cambiante. La Convención rechazó distintas fórmulas para asegurar la creación y el financiamiento a las escuelas particulares subvencionadas, que son las más elegidas por los padres y reúnen más de 1.600.000 estudiantes. Y que, además, dependen de la subvención para existir. No hay reconocimiento ni protección alguna a estos colegios. Se dirá que es materia de ley, pero ¿cómo se explicará a los padres que más de la mitad del sistema escolar esté al arbitrio de una ley común y no goce de ninguna protección? ¿Por qué sí se deja en rango constitucional la forma de financiamiento a la educación estatal, y no a la subvencionada?

Algo similar ocurrió con las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. En su dimensión simbólica, importa mucho lo que se escribe, pero importa mucho más lo que los convencionales, sistemáticamente, se negaron a incorporar

Estas ideas, así como otras que han estado en el debate público en dirección a mejorar lo que tenemos, no obstan cambios importantes que la mayoría de los convencionales impulsaron, ni implican dejar todo como está. Pero sí responden a un ánimo que no ha sido el de la Convención: validar otras miradas, reconocer lo que existe, construir sobre los aprendizajes anteriores, buscar acuerdos entre los que piensan distinto, dialogar sobre los problemas comunes. La oportunidad de un nuevo marco constitucional que convoque a la unidad sigue abierta, pues nadie sugiere volver atrás.

Daniel Rodríguez
Director ejecutivo Acción Educar