En las ruinas de Huanchaca, una exempresa minera y extractivista, fue lanzado el borrador de la nueva Constitución. El lugar fue remodelado en 2009 por el casino Enjoy, una empresa que fomenta la codicia y el juego, y hoy es conservado gracias a la fundación en la que participa el propio Enjoy, junto a ¡SQM!, y a una universidad privada: la Universidad Católica del Norte.

En un proyecto de Constitución llena de simbolismos, no se pudo haber escogido un peor lugar para partir.

Pero es —como diría el expresidente Lagos— no es más que “hojarasca”.

Los 499 artículos ya están ahí, y ahora entran en fase de armonización. A menos que eliminen 50 artículos será la Constitución más larga del mundo, superando largamente a la de la India. Algunos dicen que hay que esperar el texto final para pronunciarse, pero lo que está, está. Nos guste o no.

Muchos han buscado instalar que “el texto no es tan malo”, que “pudo haber sido mucho peor”, que “al menos llega al 4”. Y es cierto: gran parte de las propuestas ultra radicales quedaron fuera (quizá la más emblemática fue aquella de concentrar en una asamblea todo el poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial), razón por la cual incluso algunos bancos de inversión extranjeros han dado su beneplácito. Pero, la exclusión de la radicalidad no significa moderación, ni descarta los severos riesgos que su eventual aprobación implica.

Un ejemplo de muchos ocurre con la educación escolar. La propuesta radical habría sido prohibir la educación privada. La propuesta aprobada en el borrador asegura el financiamiento solo para la educación pública. Eso puede llevar a la misma propuesta radical, de suprimir la educación subvencionada, al no brindarle el financiamiento, pero queda establecido con buena letra.

¿Cómo se puede evaluar el borrador, entonces?

Lo primero es lo obvio, la extrema polarización que estamos viendo en torno al texto y al plebiscito de salida incumple con la primera gran promesa de tener un texto ampliamente convocante. Podrá ganar el Rechazo o el Apruebo, pero el reencuentro en torno a la Constitución ya no va a ocurrir.

El borrador del texto da cuenta de los consensos alcanzados por una parte mayoritaria de la instancia, pero no convoca a lo que han sido las mayorías políticas de antes y de después de las elecciones de constituyentes, sino que a la particular elección por una vez de un grupo mayoritariamente de izquierda (ello estuvo influenciado, sin duda, por la miope visión de gran parte de la derecha de llamar a rechazar el plebiscito de entrada).

Para analizar la generalidad del texto propuesto es conveniente recurrir a Aristóteles, quien en La Política señala: “La Constitución es la organización de los poderes en las ciudades, de qué manera se distribuyen….mientras que las leyes regulan el modo como los gobernantes deben gobernar y guardar el orden legal de los trasgresores”.

Pues bien, el texto establece un sistema político que puede propiciar tanto la extrema fragmentación como la pulsión autoritaria, lo que decididamente puede poner en riesgo la democracia. No hay una buena regulación de los partidos políticos y el sistema electoral se deja enteramente a la ley, salvo algunas cuestiones muy generales. Asimismo, la regulación jurídica del Poder Judicial queda entregada a una simple ley, pudiendo ser reformada por una mayoría simple.

El derecho de propiedad queda supuestamente cautelado, no así la forma de expropiar. Y si bien las riquezas de Chile son los recursos naturales, ellos quedan al arbitrio de múltiples capturas que impidan desarrollarlos. Y sin riqueza no hay derechos sociales posibles. La huelga se desmarca del proceso de negociación colectiva, con lo cual ella puede ocurrir en cualquier momento. Tampoco se regula adecuadamente el uso del agua ni el rol de los privados en la salud. Los alcances de la plurinacionalidad no están definidos y pueden ser insospechados.

Ahora veremos el régimen de transición, lo cual puede empeorar todo. Son varios los convencionales que apuntan a darle todo el poder al actual gobierno, a través de decretos de fuerza de ley (DFL), para que se salte al Congreso e implemente la nueva Constitución. Si ello es así, sería en el fondo darle un cheque en blanco a Gabriel Boric. Sería, de paso, implantar una trampa política.

Primero se dijo que la actual Constitución aducía de tres trampas (sistema binominal, tribunal constitucional y leyes orgánicas), luego se dijo que faltaban los derechos sociales. El resultado del proceso, sin embargo, fue tirar una bomba atómica sobre los 200 años de historia y partir de nuevo.

Así, llegamos a los 499.

499 que pueden significar un alto precio.