De acuerdo con declaraciones del ministro de Transportes y Telecomunicaciones, el Puerto de Gran Escala (PGE) de San Antonio sería fundamental para asegurar la capacidad nacional de responder a los desafíos que le impone un comercio exterior cada vez más importante para nuestro desarrollo económico. Su impacto, además, tendrá efectos virtuosos al transformarnos en una plataforma para que los países de la región comercialicen sus productos en Asia Pacífico en mejores condiciones. El PGE será probablemente la inversión en infraestructura singular más grande que se haya construido en los últimos 50 años y pondrá a Chile en una condición privilegiada.

Contar con un terminal de estas características en la zona central es fundamental si aspiramos a mantener la capacidad competitiva de nuestras exportaciones y disminuir los costos de nuestras importaciones, además de consolidarnos como oferta de servicios para los países vecinos. Esto es especialmente relevante si se proyecta lo que será el transporte marítimo en un futuro no muy lejano. Esta industria ha optado por priorizar las embarcaciones de mayor tamaño, definidas como aquellas de más de 400 metros de eslora, más de 50 metros de ancho y más de 16 metros de calado, dimensiones que los puertos de Chile no pueden soportar, y algunos de ellos solo en momentos muy especiales.

Las razones por las que se prefieren estas embarcaciones se relacionan con su eficiencia en el consumo de energía y porque permiten economías de escala significativas, ambos aspectos que desde Chile debiéramos incentivar.

De seguir demorando la materialización de esta obra —ya lleva ocho años en proyecto— no solo estaremos transfiriéndoles costos innecesarios a nuestras exportaciones, sino que también a nuestros consumidores, lo cual sería altamente inconveniente.

A esto se suma la amenaza a la competitividad de nuestro país como una plaza gravitante de comercio exterior. De hecho, Perú está construyendo —en Chancay, al norte de Lima— un megapuerto que podrá recibir naves con capacidad de transportar hasta 18.000 TEUs y que busca convertirse en un hub regional. De cumplirse las metas informadas, el terminal debiera estar en funciones en un par de años más, lo que implicará que muchos buques recalarán en Perú, transferirán carga a naves más pequeñas para el traslado de mercancías a Chile, lo que encarecerá su transporte y dejará a los puertos locales orientados solo al cabotaje.

Dado este escenario, es más urgente que nunca eliminar las trabas que aún presenta el PGE en San Antonio. Para avanzar, se requiere el compromiso de la autoridad política que permita resolver los problemas de coordinación ministeriales y sacar adelante este proyecto con las máximas exigencias —ambientales, sociales y de participación ciudadana— que el país esté en condiciones de satisfacer.

De igual forma, creemos que una inversión de estas características debe constituir un aporte relevante al territorio en el que se emplaza. Para ello es fundamental una convivencia del puerto con la ciudad de San Antonio, de modo que sus habitantes vean en esto una oportunidad y no una amenaza.

Eduardo Frei Ruiz-Tagle
Presidente Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI)