A punto de concluir la discusión de los informes de las comisiones temáticas y ya próxima la fecha en que la Convención Constitucional deberá presentar al país su propuesta, gana espacio e importancia en la discusión pública la pregunta acerca de lo que ocurrirá al día siguiente de conocerse el resultado del plebiscito de salida. Cualquiera sea, en efecto, la opción que triunfe el 4 de septiembre, el día 5 el país se enfrentará a desafíos de envergadura. Es desde ya responsabilidad de los distintos actores anticipar esos escenarios.

Las incertezas asociadas al posplebiscito son, por cierto, de distinto alcance y plano. En el caso de imponerse la opción Rechazo, el diseño institucional es claro, pues supone la vigencia de la actual Carta Fundamental y cualquier curso de acción deberá desarrollarse dentro de sus marcos. Ello, sin embargo, no es suficiente respuesta a las interrogantes políticas que surgen de este escenario. El proceso constitucional fue ofrecido a la ciudadanía como un camino para encauzar profundos malestares y anhelos de cambio. La decepción que crecientes sectores expresan ahora respecto del trabajo de la Convención no significa que ese descontento y esas demandas hayan sido resueltos. Al contrario, todo sugiere la persistencia de un alto grado de conflictividad en la sociedad chilena, sumado al deterioro de la situación económica y la previsible agudización de los problemas sociales.

Ante ello, declaraciones como las de los dirigentes UDI que han afirmado que la Constitución vigente se encontraría ya “muerta”, si bien pueden entenderse como una forma de expresar su compromiso con propuestas de cambio, tienen alcances delicados. Independientemente de las insatisfacciones que pueda generar, nuestro ordenamiento institucional se sigue sosteniendo en la actual Carta: de ella emanan los mandatos de todas las actuales autoridades e incluso el propio proceso constituyente que busca su reemplazo. Es efectivo que el país ha vivido en los últimos años una situación de desborde y que la relegitimación de las instituciones es una necesidad, pero declarar livianamente la “muerte” de la Constitución que nos rige, por debilitada que se encuentre, solo agudizará la inestabilidad. Más aún cuando tales declaraciones no van acompañadas por clarificación alguna respecto del camino que se propondría seguir. Tal vez, antes de apresurarse a realizar afirmaciones de esa índole o de lanzar fórmulas precipitadas como muchas de las que se han oído en estos días, los sectores comprometidos con el Rechazo debieran plantear al país los valores y principios inspiradores de un ordenamiento democrático, recogiendo nuestra tradición institucional y también haciéndose cargo de materias —como la descentralización, el fortalecimiento de los derechos sociales o el reconocimiento de los pueblos originarios— que, aunque malamente abordadas por la Convención, representan aspiraciones genuinas de los chilenos. Un compromiso decidido con la búsqueda de acuerdos que permitan plasmar aquellas ideas, junto con el impulso de reformas sociales largamente postergadas, puede contribuir a despejar incertidumbres, asumiendo que se tratará de un proceso largo y difícil.

A su vez, contrario a lo que sostienen algunos impulsores del Apruebo, son inmensas las incertezas que se derivan del texto que termina de elaborar la Convención. Las más obvias surgen de los propios contenidos aprobados, en materias que van desde la vigencia del Estado unitario hasta los equilibrios entre los distintos poderes, la igualdad entre los ciudadanos o la alteración de las reglas para actividades económicas fundamentales. Pero además la entrada en vigencia de una nueva Constitución —y más aún de una que pretende una refundación total de Chile— significa la revisión completa de la legislación y la dictación de nuevas normas que interpreten los preceptos constitucionales, lo que anticipa para el país un extensísimo período de incertidumbre. Atento a esto, el Gobierno se ha mostrado interesado en participar de la discusión sobre las normas de transición, asumiendo que ellas definirían el marco en que se desenvolvería su mandato. Paradójicamente, será luego el actual Congreso al que le corresponderá dictar las leyes que permitan implementar la nueva Carta. Dada la correlación de fuerzas que allí existe, un proceso así también demandará la construcción de acuerdos y exigirá del Ejecutivo una capacidad política que hasta ahora no se ha observado.

Parece difícil que en el clima de polarización que hoy se vive pueda avanzarse en entendimientos como los que uno u otro escenario demandan. Con todo, es una responsabilidad ineludible procurar establecer condiciones que permitan reducir las incertidumbres inherentes a un momento tan decisivo como el que enfrenta el país.