Hace unos días, el Ministerio de Hacienda lanzó la iniciativa “Diálogos Sociales para una reforma tributaria”, mediante la cual se organizarán encuentros ciudadanos y audiencias públicas para relevar las prioridades y principios que debieran regir un nuevo pacto tributario. Como sector privado, aplaudimos la medida.

No obstante, creemos que para tener un diálogo fructífero sobre prioridades, principios y medidas, hay que compartir un diagnóstico común. El ministro Marcel ha insistido en que la brecha en la carga tributaria como porcentaje del PIB entre el promedio de la OCDE y Chile es de más de 14 puntos y que, por tanto, la esencia de la reforma tributaria debe ser aumentar fuertemente la carga tributaria en el país. El ministro plantea que mientras un país OCDE recauda, en promedio, un 33,5% de su PIB, en Chile se recaudaría tan solo un 19,3%. Pero para realmente comparar manzanas con manzanas hay que hacer algunos ajustes.

En primer lugar, las cotizaciones previsionales obligatorias son consideradas como impuestos en varios países de la OCDE, mientras que en Chile no, puesto que las cotizaciones son de propiedad de cada trabajador, como de hecho se confirmó con los retiros y se confirma mes a mes con la cantidad de jubilados que reciben su pensión. Así, excluyendo las contribuciones a la seguridad social, en promedio los países OCDE tienen una carga tributaria de 24,3% del PIB, mientras que Chile recauda un 17,3% del PIB, lo que reduce la brecha en la carga tributaria de 14 puntos a menos de 7 puntos. Incluso, algunos expertos afirman que la brecha ajustada por seguridad social sería de menos de 5 puntos (Larraín y Perelló, 2021). Este ajuste cobra especial importancia cuando se está por discutir una reforma de pensiones que aumentaría las cotizaciones previsionales.

En segundo lugar, los países más ricos y desarrollados tienden a tener una carga tributaria mayor que los países en vías de desarrollo. Así, habría que ajustar por las cargas tributarias a niveles de PIB per cápita parecidos. Haciendo ese ejercicio —y controlando también por seguridad social— se observa que la brecha tributaria se reduce a menos de 4 puntos (Fuentes y Vergara, 2020).

En tercer lugar, los países con mayor tasa de dependencia (personas dependientes respecto de personas trabajadoras) tienden a tener una mayor carga tributaria. Así, la mayoría de los países europeos, con una población pensionada proporcionalmente mayor a la chilena, tendrían mayor carga tributaria, puesto que se gasta más en pensiones y salud, entre otros mayores gastos. Haciendo el ajuste respectivo adicional, la brecha tributaria de Chile con la OCDE sería de menos de 2 puntos.

Además, se podrían sumar otros factores, como la informalidad (países más desarrollados tienden a tener una mayor proporción de la economía formalizada y, por tanto, se pueden permitir una mayor carga tributaria; en la OCDE la informalidad es de un 13% del PIB, mientras que en Chile es de un 28% del PIB); la composición de la carga tributaria (países más desarrollados tienden a gravar proporcionalmente más con impuestos directos, como el impuesto a la renta, mientras que países en vías de desarrollo tienden a gravar proporcionalmente más con impuestos indirectos, como el IVA, con pocos individuos pagando impuesto a la renta y una gran base exenta); evasión (sería mayor en los países en vías de desarrollo), entre otros.

El diagnóstico, por tanto, es claro: nuestra brecha tributaria con la OCDE, con los ajustes pertinentes y considerando que los diversos factores se correlacionan entre sí, está más cerca del 2% que del 14% del PIB.

Ese es el diagnóstico sobre el que debiéramos discutir prioridades, principios y medidas. Si la brecha tributaria estaba sobreestimada, entonces no necesariamente el nuevo pacto tributario debe consistir en aumentar fuertemente la carga tributaria. Si uno de los objetivos de un nuevo pacto tributario fuera reducir la desigualdad, habría que considerar mejorar las transferencias estatales mediante la evaluación y reducción del número de programas asistenciales y posterior concentración en pocos programas eficaces y eficientes, como un impuesto negativo al ingreso, más que solo aumentar la carga tributaria. Y para financiar más y mejores transferencias estatales, no solo hay que cobrar más impuestos, sino promover un crecimiento económico sostenible mediante más inversión y certeza jurídica. El pacto fiscal no solo es cobrar más, sino cobrar mejor (disminuyendo la evasión), gastar mejor y crecer mejor.