Si alguien pensaba que el caso de los árbitros y el VAR, en el partido de vuelta de la promoción entre Huachipato y Deportes Copiapó, finalizó, se equivocó. La investigación del oficial de cumplimiento de la ANFP, Miguel Ángel Valdés, fue derivada al tribunal de disciplina y al Ministerio Público. A partir del ingreso de la justicia ordinaria, se genera la posibilidad de conocer todos los recovecos de un escándalo que sacude los cimientos del referato local. El trabajo de la fiscalía esclarecerá las dudas sobre una serie que jamás debió disputarse.
En esta línea, es necesario que las pesquisas registren todo lo que aconteció al menos un mes antes de la última fecha del campeonato 2021. Sería saludable que el fiscal aborde la suspensión de la liguilla, porque lo sucedido en el estadio CAP el 26 de enero forma parte de una historia de coacciones y gestiones de todos los involucrados, donde el directorio de Quilín tomó decisiones cuestionables. De la misma forma, recabar antecedentes sobre el margen de maniobra y las eventuales presiones en las que tuvo que navegar Valdés es un imperativo. ¿Contó el funcionario con los elementos técnicos adecuados y las atribuciones correspondientes para periciar teléfonos o correos electrónicos?
La investigación del compliance Valdés estableció que el juez asistente Felipe Jerez filtró y luego autorizó la difusión de los audios de WhatsApp que recibió del árbitro Francisco Gilabert, con el objetivo de desbancar de la comisión de arbitraje a Javier Castrilli. También concluyó, luego de un careo entre Cristián Droguett (VAR del cotejo), y Mario Vargas, Quality Manager (QM), que hubo un diálogo entre ambos, en el que Vargas recuerda con la frase “para Santiago es penal” la acción de Diego García sobre Walter Mazzantti. Un acto que está fuera de toda norma y que constituye el hecho de mayor gravedad que hemos conocido.
De acuerdo con la normativa de la Conmebol y los lineamientos de la FIFA, nadie puede alterar o inducir en las decisiones referiles. El QM solo tiene un mandato operativo-tecnológico e incluso ser el evaluador del equipo arbitral, pero nada más. El proceso de Valdés también arrojó que no hubo llamada desde Santiago ni otra intervención, como lo planteó Droguett desde un comienzo e incluso en una entrevista en directo en radio ADN. Un gran acierto de Antonio Valencia, periodista de esta sección, que solicitó a Droguett acreditar el llamado.
El panorama aún es muy confuso. Sin embargo, la acción en contra de Castrilli no puede esconder su lamentable gestión. En la contienda entre el sindicato y los jueces, en especial los FIFA, se inclinó, a partir de sus designaciones y decisiones, por la mesa que presidía Johnny Harasic. Mal además el directorio que preside Pablo Milad, quien debió cesar al “Sheriff” cuando este despidió a 14 jueces, entre ellos cuatro FIFA.
En noviembre, Castrilli los ratificó como árbitros internacionales. Ahí eran buenos. El 4 de abril, a casi tres semanas de la publicación que destapó esta maraña en revista Tribuna Andes, los expulsó del referato. ¿En cuatro meses se pusieron malos? Una persona con ese nivel de protagonismo y contradicciones en sus acciones públicas no podía estar al mando del arbitraje