Hoy, el pleno de la Convención votará el articulado sobre educación ya aprobado en la comisión de Derechos Fundamentales, una materia de suma relevancia para el futuro de nuestros estudiantes, pero lamentablemente su discusión no ha alcanzado la visibilidad que merece. Nos parece necesario destacar el reconocimiento entregado a la libertad de enseñanza, entendida no solo como la libertad de los particulares para fundar y gestionar proyectos educativos, sino también como la libertad de padres, apoderados y tutores a elegir el tipo de educación de sus hijos. También nos parece positivo que se releve la educación como un derecho inalienable a todas las personas, a través de un proceso de formación y aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Sin embargo, en el contexto del anuncio de la creación del Sistema Nacional de Educación, nos preocupan las condiciones en las que los establecimientos particulares subvencionados y privados serán considerados. Por un lado, se explicita que los colegios públicos de dependencia estatal serán financiados en forma permanente, directa, pertinente y suficiente por parte del Estado, pero nada se dice del financiamiento para los establecimientos particulares subvencionados que, cumpliendo un rol público, educan a más del 56% de los estudiantes de Chile. Esto último nos parece de alta gravedad, pues se invisibiliza la labor de estos establecimientos, no permitiendo la existencia de un sistema educativo plural en el que el mismo Estado no podrá cumplir su deber de respetar la libertad de enseñanza. En virtud del derecho a la educación, resulta poco coherente que el articulado no incluya la obligatoriedad de la educación parvularia, ya que está comprobado que la enseñanza en los primeros años de vida es fundamental para un desarrollo temprano e íntegro. No hacerlo es desaprovechar una oportunidad para favorecer un acceso igualitario a una experiencia educativa común desde la primera infancia. Adicionalmente, nos preocupa cómo se articulará la libertad de cátedra reconocida para profesores y educadores de colegios, con la planificación curricular de dichos establecimientos. Vemos necesaria una especificidad mayor para evitar tensiones en el sistema, siempre pensando en el contexto de un proyecto educativo específico que adscribe a las bases curriculares del Mineduc. No podemos dejar de referirnos al reconocimiento del derecho de la comunidad en la construcción del proyecto educativo, así como la pluralidad de los mismos. Resulta valioso y enriquecedor reconocer la importancia de la participación activa de las comunidades; sin embargo, su reconocimiento debe dejar claro sus alcances, ya que es fundamental que las autoridades de los servicios locales, los sostenedores y los equipos directivos cuenten con autonomía y liderazgo para tomar decisiones, en base a su conocimiento profesional y experiencia docente, así como el resguardo de los sellos institucionales que los han caracterizado. No levantar la alerta sobre estos puntos es no hacer eco de las legítimas preocupaciones de quienes durante años hemos puesto en el centro de nuestra vida el fortalecimiento de la educación escolar, en beneficio de niñas, niños y adolescentes. Mejorar el sistema para la formación de los nuevos ciudadanos es imperativo, y la discusión constitucional nos brinda esa oportunidad. Los actuales y futuros estudiantes merecen que seamos capaces de brindar acceso a una educación de calidad, plural y que esté a la altura de los desafíos futuros.

Santiago Blanco
Director ejecutivo SIP Red de Colegios

Sandra Urrutia
Directora ejecutiva Red Educacional Santo Tomás de Aquino

Pelayo Herrera
Director ejecutivo Fundación Astoreca

Pedro Larraín
Director ejecutivo Fundación Belén Educa