Convencionales del Colectivo Socialista y de Independientes No Neutrales han señalado que la comisión de Derechos Fundamentales es el corazón de la Convención. Ahí radicarían los temas que más importan a las personas, de manera que la aprobación de esas normas, dicen, generaría “un efecto movilizador”.

Con algarabía, entonces, muchos convencionales celebraron lo que asumo sería algo así como la primera piedra: la consagración de Chile como un “Estado social y democrático de derechos”. Sin embargo, paradojalmente esos festivos convencionales son los mismos que luego se empeñan en demoler el radier en que se instala la piedra, poniendo sendos obstáculos al progreso que habría de sustentar a ese Estado social de derechos.

Se esfuerzan, inexplicablemente, por hacer trizas el chanchito que lo financiaría, generando propuestas riesgosas y desarticuladas sobre responsabilidad fiscal y autonomía financiera de las regiones y territorios autónomos; declarando que el agua, esencial para el consumo humano, la agricultura, la minería y otras tantas actividades sobre las que se sustenta nuestro bienestar, solo sería objeto de una autorización administrativa, incomerciable e intransferible, y que el recurso minero sería explotado por privados por medio de meros permisos temporales (y siempre que no se trate de aquellas sustancias cuya explotación se reserva por completo al Estado, como el litio y otras que “determine la ley”, de quorum simple votada por el Congreso de Diputadas y Diputados).

Mejores pensiones, salud y educación fue la promesa al iniciar este proceso, pero para concretarla se necesita mucho más que una declaración, una jovial barra de convencionales y una nueva Constitución. Se requiere un buen sistema de gobierno, que se haga cargo de los desafíos de gobernabilidad y fragmentación política que han impedido avanzar en estas materias y, sin embargo, la Convención no recoge el guante ni hace suyo el problema; es más, lo potencia.

Se requiere un Congreso capaz de contrapesar al Poder Ejecutivo y no uno que estire la alfombra roja por donde pasará a prometer o jurar el futuro caudillo autoritario. En un sistema presidencial, necesitamos un Poder Legislativo compuesto por dos cámaras con atribuciones suficientes y no una Cámara de las Regiones que quede en silencio ante los debates de tributarios, de pensiones, salud y educación, del sistema electoral, de los tratados internacionales y los nombramientos que haga el Presidente de la República.

Se requiere responsabilidad y sostenibilidad fiscal y, sobre todo, una sociedad libre, pujante, innovadora y desafiante de los incumbentes, que creativamente genera soluciones a problemas cotidianos. Son las personas las que generan el progreso y, con él, los impuestos necesarios para sostener al Gran Estado que la Convención nos ofrece como único proveedor.

Pero además la consagración inicial de los derechos es muy problemática. La comisión de Derechos Fundamentales aprobó el “derecho a la vivienda digna y adecuada”. ¡Al fin, la casa propia! No tan rápido.

Lo que se le garantiza a usted es “la seguridad de la tenencia”, no el dominio. Es como en pensiones, en que se garantiza el derecho a la seguridad social, pero no la propiedad del ahorro (se rechazó una y otra vez el resguardo del derecho de propiedad sobre el fruto de su esfuerzo y trabajo). Su cotización va a parar a un sistema nacional de seguridad social que garantizará prestaciones definidas. O sea, a un sistema de reparto, y en esos sistemas usted no es dueño de su ahorro, sino de un vale por una pensión.

En salud, se propone un sistema único y público, al que también van a parar sus cotizaciones obligatorias. Todos a Fonasa, pero peor, porque no formarán parte del sistema —por el que pagamos— los prestadores privados (clínicas) que perciban una legítima ganancia por el buen servicio que prestan. Es decir, su bono Fonasa no podrá ser usado en una clínica o centro de salud privado, aunque usted estime que ahí lo atendían mejor y más rápido.

Y al mismo tiempo que el sistema de pensiones, de salud, de cuidados y de archivos, registros y fe pública serán únicos y públicos, se garantiza el derecho a huelga del sector público. Hoy no lo tienen, pues bajo la Constitución del presidente Lagos prima el principio de la continuidad de la función pública y el Estado está al servicio de las personas.

Cuando el Estado, proveedor único, se vaya a huelga, ¿quién le cumplirá el derecho? El pleno tendrá que responder. ¿Moderará, instando a una profunda revisión de las normas o, como el gatopardo, dejará las propuestas más o menos igual, pero dejando la sensación de que todo cambió? Está por verse.