Como no es primera vez que se elige a una Convención para redactar una Constitución, tal vez sea oportuno atender a las posibilidades que nos ofrecen precedentes de la Constituyente actual, que tiene en la norma de los 2/3 un instrumento fundamental para acercar y consensuar posiciones.

Se trata de dialogar con la historia, transformándola en un medio para comprender nuestro acontecer, pero también para orientarnos en el presente que vivimos, para muchos de nosotros estimulante y esperanzador, para otros decepcionante e inquietante.

Entre los precedentes hay algunos hasta ahora olvidados o parcialmente referidos, pero que el contexto que vivimos ha recuperado y transforma en “históricos”. Sobre todo porque permiten ponderar la experiencia actual. Comenzando por recordar que no es primera vez que se elige una Constituyente para redactar una Carta Fundamental. Tampoco es inédito que se haga durante o después de un momento de crisis política, social y económica, pues las constituciones que hemos tenido son consecuencia de ellas. Evidencias que deberían restar dramatismo al proceso en curso, cuyos plazos perentorios, sin embargo, también alientan el escepticismo de algunos.

La redacción de una nueva Constitución —como la de 1828, que fue redactada por un Congreso elegido con representantes de todas las provincias a través de un proceso que aspiraba a ser representativo— ha sido siempre una instancia tensa. Incluso conflictiva, que en muchas ocasiones ha polarizado a la sociedad y, generalmente, ha dejado descontentos e insatisfechos. Malestar que solo la fuerza, las reformas, la práctica o la violencia han contenido o reprimido.

Común a las dos constituyentes, la de 1828 como la actual, es el asedio que han sufrido por parte de quienes no estuvieron de acuerdo con su existencia, las características de sus integrantes, sus propuestas y decisiones.

La Constituyente de 1828 fue elegida como respuesta a años de crisis política, en medio de un proceso de organización republicana que no lograba aunar criterios respecto de cómo debía procederse, y en el contexto de una difícil situación económica que tenía su origen en la lucha por la Independencia. Entonces el resultado de la votación dio lugar a reclamos y reproches por parte de los derrotados, que cuestionaron a quienes fueron elegidos. Según escribieron los autodenominados “veinte de los más juiciosos nobles y ricos” de la capital, estos, “en vez de constituir diputados nacionales, se han hecho comisionados de una fracción triunfante”.

Instalado el Congreso, la prensa fue el medio a través del cual se comentó, comprendió o criticó su trabajo, advirtiendo sobre la obligación de “ceñirse a la ley por la cual se halla convocado” pues, “lo que sea excederse, es perturbar el orden y barrenar la ley”. Entre quienes valoraron la Constituyente, la esperanza de que finalmente se constituiría la república, después de tantos sacrificios, fue el sentimiento prevaleciente.

Las alternativas de su funcionamiento ofrecen todo tipo de actitudes, manifestaciones, expresiones, opiniones y propuestas, tanto de sus integrantes como de la comunidad que los había comisionado. Están quienes se negaron a discutir una nueva Carta, los que se restaron por no estar de acuerdo con las resoluciones y los que defendieron propuestas consideradas extravagantes. Pero también la mayoría de quienes asistieron, que finalmente propusieron un texto constitucional que la opinión pública valoró y juró con entusiasmo.

Ciertamente las opiniones no fueron unánimes, pues hubo quienes no cejaron en sus esfuerzos por desprestigiar la Constituyente, descalificar y rechazar sus resultados, conspirando antes, durante y después de promulgada la Constitución de 1828. Entre otras razones, según contemporáneos, porque afectaba sus intereses o, como ellos argumentaron, porque no garantizaba el orden o creaba instituciones que creían imposibles de aplicar en Chile.

Entre quienes ponderaron la nueva Carta, la noción de que aseguraba la libertad fue esencial, pues —como se asentó en el momento de su promulgación— “ella no puede existir, ni jamás ha existido sin leyes fundamentales” que organicen la comunidad.

El nuevo texto fundamental mereció que “El Mercurio de Valparaíso” del 31 de diciembre de 1828 calificara el año de “memorable, digno de todo respeto para la posteridad”. Tal vez porque avizoraba que, más allá de su vigencia, la Constitución de 1828 estableció principios y derechos que perduran hasta hoy.

Rafael Sagredo Baeza
Académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile