El buen oficio de la política requiere de un delicado equilibrio entre la formulación de propuestas atractivas para la ciudadanía y el actuar responsable. Un político serio entiende las consecuencias de sus dichos y es, por lo mismo, cuidadoso al configurar relatos. Así, sus promesas son realistas, pues sabe que, eventualmente, podría corresponderle a él mismo implementarlas. Algo similar ocurre con las críticas hacia sus adversarios: la experiencia le enseña que los reproches injustificados a una decisión pueden brindarle rédito inmediato si ella es aparentemente impopular, pero traer indeseados efectos en el largo plazo; tarde o temprano, las inconsistencias son penalizadas por los ciudadanos. Tal vez ello explique parte de los problemas que, sin haber cumplido un mes de gestión, está enfrentando la administración del Presidente Gabriel Boric, con encuestas que dan cuenta del deterioro en su evaluación.

Un primer ejemplo se observa en el debate educacional. Las declaraciones del ministro del ramo, Marco Antonio Ávila, respecto de que hubo un error en cuanto a no acelerar el proceso de retorno a clases —“efectivamente, nos equivocamos”—, constituyen un reconocimiento valioso, pero omiten un punto fundamental: durante meses y a pesar de las alertas de expertos, fueron la oposición a la administración de Sebastián Piñera y particularmente las fuerzas que integran el hoy pacto oficialista Apruebo Dignidad —esto es, el Frente Amplio y el Partido Comunista— quienes entrabaron los esfuerzos para avanzar hacia la normalización de los procesos educativos. De hecho, la acusación constitucional en contra del exministro Raúl Figueroa, liderada por la izquierda, incluía entre sus fundamentos una supuesta irresponsabilidad por insistir en tal proceso. El texto planteaba que “la presión por el regreso presencial a clases fue y sigue siendo también una constante por parte del Ministerio hacia las comunidades educativas”. Esto, en un contexto más amplio, en que todo el manejo sanitario del Ejecutivo —hoy objeto de reconocimiento internacional— era blanco de acerba crítica y hasta de acciones judiciales contra sus responsables, mientras la dirigencia del Colegio Médico, entonces encabezado por la actual ministra del Interior, descalificaba livianamente medidas como el pase de movilidad. Basta así un ejercicio de memoria para advertir que el inmenso daño infligido sobre millones de niños y jóvenes no fue solo un error, sino también el efecto de una estrategia política que tuvo entre sus impulsores a parte de las actuales autoridades. Será necesario ahora seguir con atención los resultados de las pruebas de medición de aprendizajes y las nuevas cifras de inasistencia y deserción para confirmar lo que durante meses el actual oficialismo desconoció: el inmenso costo de no normalizar la educación.

El tema del llamado “quinto retiro” desde los fondos de pensiones tiene similitudes con el primer ejemplo. Hasta el año pasado, distintos miembros de la actual administración —y, por cierto, el mismo Presidente, en su calidad de diputado— votaron a favor de la equivocada idea de drenar los ahorros previsionales de las personas cada vez que tales iniciativas fueron presentadas. Entre los voceros de lo que ha sido la peor política pública en décadas, nunca hubo la real intención de escuchar las advertencias de técnicos de todo el espectro. Las consecuencias de esa irresponsabilidad están a la vista: una inflación que se acelera, un mercado de capitales que sigue sin recuperarse y un sistema financiero que hoy ofrece menores y más caras oportunidades de financiamiento a las familias. Tales efectos ya eran evidentes cuando en diciembre del año pasado se votaba el cuarto retiro —finalmente rechazado por no reunir el quorum—, pero no fueron obstáculo para que los parlamentarios de la entonces oposición le entregaran su apoyo. Así, no sorprende que hoy la idea del “quinto” giro empiece a avanzar en la Cámara y complique a las nuevas autoridades, quienes —enfrentadas a la responsabilidad de gobernar— expresan su rechazo a lo que antes livianamente respaldaron. La trayectoria de coherencia del ministro de Hacienda, Mario Marcel, en este tema asoma como una excepcionalidad, pero aún no es claro que ello sea suficiente para contener esta ofensiva. Mientras, la incertidumbre respecto del futuro de los ahorros en las cuentas individuales complica aún más una discusión que hace evidentes las inconsecuencias de quienes como oposición apoyaron el desmantelamiento del sistema de capitalización individual y ahora, desde el Ejecutivo, tratan —con razón, pero tardíamente— de convencer a los suyos respecto de lo nefasto de esas mismas decisiones.