Detrás de algunas propuestas constitucionales, y más allá de los argumentos doctrinarios sobre su conveniencia en abstracto, suele haber intereses políticos concretos, la intención de obtener una ventaja para un sector determinado en perjuicio de otro. La experiencia latinoamericana es abundante en ejemplos de que una nueva Constitución puede ser utilizada como una forma de concentrar y perpetuar el poder en uno o varios grupos, debilitando los necesarios contrapesos democráticos. La eliminación del Senado y la creación de una Cámara de las Regiones con reducidas atribuciones, por ejemplo, es naturalmente un debate en que pueden plantearse distintos argumentos de fondo en favor de una u otra postura, pero subyace en la propuesta de la izquierda el hecho de contar hoy con una baja representación en esa instancia, que está dominada por sectores de la centroizquierda y la centroderecha.

Uno de los casos más paradigmáticos suele ser el de incluir la reelección presidencial en el texto constitucional, como de hecho ocurre en la propuesta sobre cambio del sistema político que impulsan sectores mayoritariamente de izquierda. La inclusión de una norma que permite la reelección inmediata o posterior por una vez tiene consecuencias directas sobre la posibilidad de extender la Presidencia de Gabriel Boric por un período que no estaba considerado cuando fue elegido. Sin perjuicio del legítimo debate sobre la conveniencia de establecer una reelección —los mejores argumentos parecen, sin embargo, sustentar su inconveniencia—, el caso concreto de lo que sucede con el Presidente en ejercicio suele ser el punto central. En las últimas décadas este ha sido el camino hacia el autoritarismo en la llamada agenda bolivariana, como ha ocurrido en los casos más dramáticos de Venezuela y Nicaragua, pero también en países como Ecuador y Bolivia. Se plantea primero una reelección por una vez, que más allá de declaraciones anteriores de que no sería utilizada por el incumbente, termina siendo aprovechada incluso para dos reelecciones, toda vez que se considera que la Constitución aprobada abre un período nuevo que permite no considerar las elecciones anteriores. Después pueden venir nuevos cambios que establecen la reelección indefinida. Por ello, una modificación de esta naturaleza debe medir el impacto concreto de lo que implica, y sería irresponsable aprobarla antes de que una norma transitoria zanje la discusión de cara a la ciudadanía. En esta materia los meros compromisos no son suficientes.

En fin, en el ámbito judicial, la propuesta aparentemente inocua aprobada por el pleno de bajar la edad de cesación del cargo de los magistrados de 75 a 70 años, o la recientemente aprobada en la comisión de Justicia de establecer un período de 14 años para los ministros de la Corte Suprema, implican una salida de centenares de jueces, que serán elegidos por una mayoría política circunstancial que controle el Consejo de la Justicia y el Congreso. Con ello, se termina con la renovación gradual en el tiempo, en que concurren distintas mayorías, y se abre paso a un cambio masivo y centralizado de jueces que acaba politizando la justicia, como también ha demostrado la experiencia latinoamericana.