El Banco Central, presidido ahora por Rosanna Costa, entregó su último Informe de Política Monetaria con proyecciones para 2022 y 2023. Un ajuste a la baja del crecimiento del país a un 1% y un pálido 0,5% para el próximo año. Es decir, debido a que la población crece a una tasa mayor, el ingreso por persona caerá tanto este año como el próximo. Lo anterior cuando el precio del cobre está cerca de sus máximos históricos. Las proyecciones del Central también ajustan al alza la inflación del mismo período. Esta llegará a niveles cercanos al 10% a mediados de 2022, cuando es muy probable que el crecimiento de la economía esté en números rojos o muy cerca.

La inflación tiene un componente mundial que se ha visto acentuado por la crisis en Ucrania. El alza del precio del petróleo y del gas, y de muchos productos alimenticios (Rusia y Ucrania representan un cuarto de la producción mundial de granos) pone más presiones a la inflación. Pero el Banco Central es claro y asigna un rol central a las presiones inflacionarias internas. Un fuerte aumento de ingresos disponibles de los hogares, no bien distribuidos hacia los que más lo necesitaban, implicó una gran demanda que provocó que subieran los precios. Ejemplos palpables de esto son el estallido de compras de automóviles y de materiales de reparación de hogares y electrodomésticos, entre otros.

A pesar del bajo o nulo crecimiento que tendremos, el Banco Central se verá obligado a continuar elevando la tasa de interés. Esta podría, según se desprende del mismo informe del Banco, alcanzar niveles cercanos al 8% en el segundo semestre del año para atacar la inflación. Esta situación económica, hoy más que nunca, no solo tiene consecuencias palpables en los fríos mercados financieros o de grandes empresas, sino en todos los hogares, en especial de aquellos con ingresos más bajos. A modo de ejemplo, un hogar que contrató un crédito hipotecario por 3.000 UF a 20 años tendrá que pagar $75 mil de dividendo más que en enero de 2021. Más complejo todavía, el alza de la tasa de política monetaria desde un 0,5%, en enero de 2021, al proyectado 8% para el último trimestre de este año, ha tenido un impacto en las tasas de los créditos hipotecarios. El alza de tasas de estos créditos, de alrededor de 3%, implica que un hogar que quiera tomar un crédito hipotecario, como el antes descrito, pagará alrededor de 5 UF más de dividendo, es decir $140.000 más, que alguien que lo tomó en enero de 2021.

Estas noticias ponen dificultades a la gestión del otrora presidente del Central y hoy ministro de Hacienda, Mario Marcel. Un alza del gasto más allá de lo establecido en el actual presupuesto es complejo. Una política fiscal más expansiva, que busque estimular la demanda, sería completamente contradictoria con la política monetaria que está buscando bajar las presiones inflacionarias con mayores tasas de interés. Al parecer, esta problemática no será solo de este año. Los números antes comentados nos plantean que fácilmente este mal mix de inflación alta y bajo crecimiento se mantendrá en el 2023. En estas circunstancias, la política fiscal razonable es aquella que busque estimular la oferta de bienes y, con esto, reduzca las presiones en los precios. Esto es políticas de apoyo al empleo y a la reactivación de sectores rezagados que tienen capacidad ociosa. Aún nos faltan 600 mil puestos de trabajo para llegar a las tasas de empleo de 2019.

Mantener esta concordancia entre la política fiscal y monetaria no será fácil para el equipo económico. Hemos visto las primeras presiones por políticas expansivas vía gasto. El caso más emblemático es la moción de un quinto retiro de los fondos de pensiones. Esta medida, inconstitucional de acuerdo a la opinión del secretario de la Cámara de Diputados y apoyada por un número de parlamentarios de la coalición de gobierno, sería echar bencina a la inflación. Los retiros son de rápido rédito popular pues significa dinero ya, pero como muestra el informe del Banco Central, tienen un efecto bumerán: generan un alza de precios que termina empobreciendo a los sectores que buscan beneficiar. Debemos lograr que aquellos que impulsan medidas populistas que minan el desarrollo asuman su responsabilidad por el complejo escenario económico que irreflexivamente contribuyen a crear. Esto se vuelve imperativo si en la Convención Constituyente se plantea eliminar la iniciativa exclusiva del Presidente para mociones que impliquen gasto para el Fisco.