Se sostiene en algunos sectores que la arquitectura político-institucional de la actual Constitución estaría a la base de la aguda crisis de confianza que sigue viviendo el país. Tales reglas habrían impedido que se manifestasen las voluntades ciudadanas, produciendo una grieta entre la población y el orden político. La comisión de Sistema Político de la Convención ha operado bajo esa lógica y sus propuestas aspiran a cerrar la brecha. Es una tesis discutible (más aún después de todos los cambios que ha experimentado la actual Carta Fundamental), pero aun si fuera cierta, no es evidente que las fórmulas acordadas por los sectores de izquierda que controlan esa comisión puedan resolver el problema.

Para abordar la grieta, ese acuerdo apunta a fortalecer la Cámara Baja, entregándole nuevas atribuciones y debilitando la Presidencia y otros órganos políticos, y a la eliminación del Senado y su reemplazo por una disminuida Cámara de las Regiones, ni siquiera considerada parte del Congreso. Se presume que la Cámara Baja reflejaría más fidedignamente a la ciudadanía, tesis muy cuestionable. Por un lado, en el régimen presidencial propuesto se consagran la segunda vuelta y la reelección, diseño en que es esperable que la figura presidencial reclame para sí una importante representación y que la propia ciudadanía espere del mandatario un papel de máxima relevancia en la conducción del país. Por otro, el Congreso de Diputados y Diputadas propuesto va a tender a una fragmentación posiblemente mayor a la actual y con una representación más bien errática, pues se evita reconocer el papel de los partidos como canal de la representación política.

Se debe tener en cuenta, además, que un desafío del presidencialismo es asegurar, como consecuencia de la doble legitimidad democrática que lo caracteriza, una coordinación razonable entre Ejecutivo y Legislativo. La comisión ha prestado poca atención a esta necesidad. De hecho, su propuesta debilita fuertemente el veto presidencial. Los umbrales para superarlo (cuatro séptimos de la Cámara para un rechazo total de un proyecto y mayoría de los presentes para observaciones parciales) resultan muy bajos y no reconocen suficientemente la potestad del mandatario. Rara vez se producirá, entonces, voluntad de coordinación.

Algo similar se puede decir sobre la figura de la concurrencia presidencial que reemplazaría la iniciativa exclusiva. En la nueva fórmula, el Congreso podrá promover (con el patrocinio de un mínimo de un cuarto de los diputados) mociones que irroguen gastos del Estado, las que requerirán luego de patrocinio presidencial, situación que puede ocurrir en cualquier momento de su tramitación y hasta transcurridos 15 días desde el despacho de comisión. En este diseño, las prioridades de la agenda con que ha sido elegido un Presidente pueden quedar desdibujadas, creándose espacio para refriegas políticas antes que para la indispensable coordinación entre poderes. No es casualidad que esta figura no tenga mayor presencia en la experiencia comparada, ni siquiera en los gobiernos parlamentarios.