La democracia es necesaria porque es la mejor garantía para resguardar nuestras libertades frente a los poderosos y violentistas. Porque es la mejor forma para resolver pacíficamente los conflictos y diferencias al interior de una sociedad. Porque es más efectiva para permitir la participación de las personas en la política.

En democracia las autoridades tienen que responder a los ciudadanos y no al revés, como ocurre en dictaduras y autocracias, en que los ciudadanos tienen que protegerse de sus autoridades.

Pero en países ricos en recursos naturales, como mineros o petroleros, surge una necesidad adicional.

La característica de estos recursos es que existen rentas, cosa que no ocurre en la manufactura ni en la construcción, en la agricultura ni en los servicios. Al contar con un yacimiento minero o petrolero, una parte importante de las ganancias se logra por ese hecho y no solo por la actividad productiva, por importante que ella sea. La existencia de esas rentas se ha reconocido desde los economistas clásicos hace más de dos siglos.

Precisamente porque existen esas rentas, la disputa por ellas puede ser muy grande. Las rentas deberían ir en beneficio de todos los habitantes del país, pero puede ocurrir que unos pocos se las apropien. Por ello el Estado tiene un rol especial asignando derechos para explotarlos o cobrando impuestos especiales.

El control del Estado por autócratas y la falta de democracia permiten el control del poder para dominar y apropiarse de las rentas en perjuicio de las mayorías.

Esto se convierte en un círculo vicioso. Controlar el poder político sin contrapesos tiene el premio de las rentas, y el control de las rentas financia los abusos del autócrata.

Si no le suena familiar, mire la situación en Rusia. Allí más del 50% de los ingresos de exportación son por petróleo y gas. Aparte de las rentas del petróleo, las empresas que lo producen son estatales y manejadas políticamente. Ellas financian a Putin, a sus cercanos y al grupo de oligarcas que lo apoya.

No es muy distinto de lo que ocurre en Venezuela, excepto que han destruido buena parte de su industria petrolera.

Podríamos seguir con ejemplos.

En momentos de redactar una nueva Constitución, en un país como Chile, donde aún con la diversificación exportadora de las últimas décadas la minería todavía representa más del 50% de las exportaciones, vale la pena tomar nota de esta realidad y los riesgos que conlleva.

El control democrático del Estado es vital en países como el nuestro. Por eso son preocupantes los acuerdos que está tomando el pleno de la Convención que debilitan los contrapesos de la democracia. Concentran el poder en una Cámara con escaños reservados. Debilitan la autonomía del Poder Judicial y la libertad de expresión.

Además, en la producción minera debemos cuidar el gobierno corporativo de Codelco que ha puesto barreras al uso político de nuestra principal empresa asegurando su gestión profesional. Al mismo tiempo, es deseable la participación de las empresas privadas, por cierto capturando las rentas para beneficio fiscal y sujetas a una moderna supervisión y fiscalización. En democracia esos ingresos fiscales pueden asignarse conforme a los intereses de las mayorías y no de la minoría en el poder.

La transparencia y la rendición de cuentas son más efectivas en democracia que en dictadura. Lo sabemos.

Hay razones doblemente poderosas para que exijamos de la Convención normas constitucionales que garanticen una democracia efectiva, con equilibrio de poderes y sin trampas en los derechos y las reglas para elegir y controlar a las autoridades. Es demasiado el riesgo de dejar espacio a los autócratas. Es muy grande el sufrimiento que pueden causar los Putin, los Chávez y los Maduro.

José Pablo Arellano Marín