Señor Director:

Comparto plenamente las aprensiones expresadas por Sebastián Valenzuela, exsubsecretario de Justicia, en su diario del domingo, respecto de la norma aprobada por la Convención Constitucional referente al rol exclusivo que se atribuye al Estado para ejecutar el cumplimiento de las penas privativas de libertad, afirmando además taxativamente la exclusión de los privados en estas funciones.

Efectivamente, la evidencia internacional ha demostrado que la integración público-privada y la intervención de fundaciones y corporaciones en la capacitación, rehabilitación y reinserción de quienes han pasado por el sistema de prisiones es no solo eficiente, sino que también logra de mejor manera la adhesión necesaria para apoyar el desistimiento en el delito.

La experiencia nacional de la Corporación Abriendo Puertas con la reinserción de mujeres confirma lo anterior. Sus diversos proyectos, particularmente el ejecutado junto al BID y Banco Estado y Gendarmería para capacitar en empleabilidad y micro-emprendimiento, son muestras contundentes de la efectividad de estas iniciativas. Que tres años después de ejecutado la mayoría de las mujeres que adhirieron continúen acompañadas por la Corporación y mantengan sus trabajos o emprendimientos debiera inspirar normas que apoyen el compromiso de la sociedad civil y el Estado. No solo será una buena política, sino también una manera de combatir la delincuencia.

Ana María Stuven