La presentación realizada esta semana por el equipo del Ministerio de Hacienda, encabezado por el ministro Mario Marcel, frente a los diputados de la comisión de Hacienda permitió conocer cuál es el diagnóstico económico de los encargados del erario público.

Consistente con los análisis técnicos transversales, la conclusión es en extremo delicada. En el contexto internacional, a pesar del ajuste a la baja del crecimiento económico mundial para el presente año, un rápido proceso inflacionario global obligaría a los bancos centrales a subir en forma agresiva las tasas de interés, lo que representaría un golpe adicional a las posibilidades de crecimiento y obligaría a cálculos precisos en las políticas monetarias para evitar descalces cambiarios. En el contexto local, luego de un artificial crecimiento durante 2021 —resultado de políticas fiscales y monetarias extraordinariamente expansivas—, el producto nacional está ajustándose en distintos sectores, incluyendo la minería, industria y comercio. Algo similar ocurre con el consumo, en donde una brusca caída de la compra de bienes durables observada durante los últimos meses deja en evidencia el punto de inflexión económico. Los negativos resultados en materia de inversión, particularmente en el sector de la construcción, dan cuenta de lo mismo. Todo lo anterior limita las posibilidades de recuperación de un mercado laboral que aún no logra alcanzar los niveles de contratación asalariada prepandemia, a lo que se ha sumado una informalidad al alza. Desde un punto de vista macroeconómico, el complejo escenario lo cierran fuertes presiones inflacionarias —en parte explicadas por la situación externa, pero también por la expansión de la base monetaria y el gasto público—, y una fuerte caída en el ahorro nacional.

La presentación de Hacienda dio cuenta además del lento pero constante deterioro de las finanzas públicas. El país lleva casi una década con un balance efectivo del gobierno central deficitario y 15 años de una creciente deuda bruta (en 2021 alcanzó un 36% del producto, la cifra más alta desde 1991). Enfrentar esta situación debe ser una prioridad nacional, pero no se visualiza un reconocimiento político de las consecuencias de mediano plazo de no controlar el gasto público. Generar dicha conciencia es una de las tareas más importantes del actual equipo de Hacienda. Fallar en esto significaría prolongar el deterioro de uno de los principales activos de Chile desde el retorno a la democracia: la responsabilidad fiscal.

En tanto, al describir las prioridades programáticas, el equipo de Hacienda se centró en cuatro puntos. El primero —y sin que aún se conozcan las acciones concretas—, una recuperación inclusiva del mercado laboral. Sin embargo, medidas como un aumento significativo del salario mínimo y la reducción de la jornada laboral, ambas impulsadas tanto por el Ministerio del Trabajo como por el de Economía, no parecen apuntar en esa dirección. En segundo lugar, lograr un “pacto tributario”, que significaría acordar aumentos impositivos en distintas dimensiones (ingresos personales, evasión, elusión, royalty minero e impuestos verdes), con la promesa de una mejor distribución de ingresos. En esto cabe advertir la insistencia de realizar las comparaciones con los países de la OCDE, grupo respecto del cual Chile ha aumentado sus brechas durante los últimos años. En cualquier caso, dada la complejidad de las propuestas, es de esperar que el corto plazo autoimpuesto para presentar el plan al Congreso (mayo/junio) no implique sacrificar la calidad del diseño. La experiencia ha demostrado el impacto negativo de improvisaciones tributarias en el mediano y largo plazo.

La tercera prioridad señalada por Hacienda es la de una reforma de pensiones que apostaría por mayores contribuciones, fortalecimiento del reparto y una administración pública. Sin entregar mayores detalles, dicha estructura genera importantes dudas, particularmente en lo relativo al mayor rol del Estado en la administración profesional y segura de los ahorros.

El cuarto punto mencionado es recuperar la alicaída profundidad del mercado de capitales doméstico, golpeada como resultado directo de la irresponsable decisión política de drenar las cuentas individuales de los fondos de pensiones. En este contexto, el avance de un quinto retiro choca directamente con las prioridades del Ministerio de Hacienda. Esto ilustra un problema central del plan: hasta dónde tendrá el equipo liderado por Marcel el respaldo político para diseñar y conducir su visión y propuestas. Las actitudes mostradas por una parte del oficialismo durante esta semana confirman la pertinencia de la pregunta.