Han sido tantos los desaciertos de los primeros días del nuevo gobierno que puede perderse de vista una interrogante de fondo, cuya respuesta se asoma ya con claridad.

¿Qué van a hacer los comunistas en este gobierno? Esa ha sido y sigue siendo la pregunta recurrente.

Y el PC no ha defraudado: ha comenzado ya a responder.

En primer lugar, Camila Vallejo, la vocera, en vez de poner el foco de su declaración en la gravedad de los disparos contra la comitiva ministerial, insistió en que no se renovará el estado de excepción, porque supuestamente no ha servido para nada. Dos mensajes están implícitos en esa formulación. Por una parte, el empeño por negarles a las Fuerzas Armadas toda posibilidad de que ganen aún más prestigio en la zona sur, en detrimento de la estrategia gobiernista de diálogo. Ya se sabe cuánto se ha empeñado el PC en dañar la imagen del Ejército, y no va a permitir ahora, por lo tanto, que durante su gobierno pueda haber alguna valoración positiva de la actuación militar en esta nueva lucha contra el terrorismo. Y, por otra parte, Vallejo podía haber aprovechado la ocasión para haber exigido algo muy simple: que los fusileros entregaran sus armas como condición para dialogar. Es lo único que procede en una democracia. Pero Vallejo calló. Los vínculos del PC con la CAM son de larga data.

A esas sutiles señales se han sumado las explícitas y agresivas declaraciones de tres importantes personeros comunistas sobre la actuación de Carabineros en los incidentes del viernes pasado en Plaza Baquedano. El inefable alcalde Jadue, la diputada Pizarro y la senadora Pascual, los tres, han arremetido al unísono contra la policía uniformada con un mismo mensaje: refundación de Carabineros. Su planteamiento no solo busca potenciar el prestigio comunista entre los violentistas de la primera línea, sino que también pretende mantener al partido como el principal guardián de la mirada ideológica sobre los derechos humanos, una visión que no reconoce legitimidad alguna a la protección que la policía presta a la ciudadanía civilizada y a los bienes públicos y privados.

Por supuesto, la búsqueda del desprestigio definitivo de las tareas policiales en la calle está perfectamente coordinada con la actuación de los convencionales comunistas y con la proposición de un nuevo estatuto constitucional para Carabineros, por el cual se lo pueda privar definitivamente de los medios para el efectivo control del orden público.

A todo lo anterior, se sumó que dos de los diputados de la nueva bancada comunista votaron en contra de la proposición gubernamental de extensión del estado de excepción en la zona norte. ¿Por qué solo unos pocos y no todos? Muy sencillo: el PC no iba a quitarle el piso completo al Presidente Boric en las primeras escaramuzas parlamentarias, pero tampoco iba a dejar de hacerle ver que “si bien es cierto, no es menos cierto… que quizás, tal vez”. Es la fórmula de siempre: con un pie en el Gobierno y con el otro donde resulte más conveniente pisar.

Pocos días atrás, el vetusto presidente del PC resumía mejor que nadie el comportamiento que debemos esperar. Afirmaba que la disposición comunista es que se avance “con la máxima cohesión para cumplir los objetivos programáticos”, pero dejaba muy en claro que “nuestro compromiso, y el de todos y todas, es más que nada en nuestra relación con el pueblo, con las organizaciones sociales, factor principal en la demanda del cumplimiento del programa”.

No hay caso con los comunistas. Por mucho que pretendan ocultar sus propósitos, el impulso interior de sus convicciones los lleva a dar señales tan evidentes como siniestras.

Que nadie diga, esta vez, que no los vio venir.