La libertad de expresión es uno de los derechos humanos más relevantes para la democracia. No solamente es un derecho individual, sino que también un pilar democrático que nos beneficia al permitir la crítica al ejercicio del poder, la divulgación de ideas y programas alternativos, y la denuncia de hechos graves ante la opinión pública, junto con contribuir a visibilizar demandas de grupos generalmente excluidos. Es fundamental para tener una democracia competitiva, enriquecer la discusión pública, identificar casos de corrupción e impedir represalias ante la emisión de opiniones incómodas para quienes tienen poder.

Por estas razones, debemos prestar atención a la discusión de la Convención Constitucional en materia de libertad de expresión y a sus derechos relacionados. Ya se encuentran aprobadas algunas normas provenientes de la comisión de Sistemas de Conocimiento, incluyendo aquella que habilita al Estado impedir la concentración de la propiedad de los medios. Por otro lado, el pleno rechazó varias partes del informe de la comisión de Derechos Fundamentales, dando un espacio para permitir perfeccionamientos. Como dicha comisión debe trabajar en una nueva propuesta, es relevante considerar los avances y retrocesos que el informe consideraba.

Uno de los avances, que lamentablemente fue rechazado, decía relación con la regulación del derecho de reunión (uno de los fundamentos del derecho a protestar contra la autoridad). El informe proponía que las reuniones en lugares de acceso público solo se podrían restringir por ley, exigiendo más transparencia y representatividad en la creación de normas relacionadas que el ofrecido por el marco constitucional actual.

Otra norma que la comisión deberá reformular dice relación con la responsabilidad de los medios de comunicación. Una norma, que afortunadamente fue rechazada, debilitaba la libertad de los medios al imponer la responsabilidad de “contribuir y asegurar la pluralidad de opiniones e informaciones”, entregándole al “Estado” (¿los jueces, el legislador, el Poder Ejecutivo?) el deber de adoptar medidas para asegurarla (el contenido del deber se definiría, entonces, con posterioridad). Aunque celebramos la prohibición del “Estado” de “intervenir” los medios de comunicación, normas como esas pueden ser fácilmente interpretadas de un modo que afecte la autonomía editorial de los medios.

Dicha propuesta podría justificarse con dos argumentos que refutamos. Primero, se podría argumentar que existe concentración en la propiedad de los medios más relevantes y, por lo tanto, se debiera establecer una obligación para que cada uno asegure el pluralismo informativo en sus publicaciones. Segundo, podría argumentarse que la propuesta fortalece el derecho de recibir información de las personas al asegurar la difusión de noticias y opiniones diversas. Ambas razones deben ser rechazadas.

Si se quiere promover el pluralismo, cuestión que compartimos, parece más acertado reflexionar sobre las condiciones que incentivarían la multiplicación y la competitividad de los medios de comunicación, antes que imponer requisitos que puedan amenazar líneas editoriales definidas libremente por propietarios, editores y periodistas. La existencia de un sistema de medios más diverso es una solución más eficaz y respetuosa para los derechos frente al problema de tener opiniones que puedan volverse hegemónicas.

Un sistema de libertad de expresión robusto no debe usar la idea del pluralismo para limitar la autonomía, sino para estimularla. ¿Cómo se logra esto? El acento no debe estar en la pluralidad interna que los medios puedan definir, sino que en el pluralismo que el sistema, considerado como un todo, ofrece a las personas con la entrega de informaciones y opiniones diversas. De esta manera, se fortalece el derecho de las personas a elegir el tipo de información y de líneas editoriales a las que desean acceder.

Por el contrario, la imposición de un deber particular de “asegurar” el pluralismo podría debilitar dicho derecho si se reduce la autonomía. Las líneas editoriales se conectan legítimamente con ideas políticas y morales que existen en la sociedad civil, y ellas constituyen hoy un motor más fuerte para el desarrollo y crecimiento de los medios que las posibles ganancias económicas que los mismos producen. Por ello, la posible reducción del espacio que puedan tener sus integrantes, para desarrollar dichas ideas, será un costo significativo para quienes las emitan y para las personas que se informan a través de los medios de comunicación.

Sergio Verdugo
director del Centro de Justicia Constitucional, Facultad de Derecho UDD. Carolina Mardones
decana de la Facultad de Comunicaciones UDD.