En políticas públicas, las improvisaciones nunca son buenas. Independientemente de las intenciones, iniciativas que no cuentan con sustento técnico no alcanzan sus objetivos y distorsionan las decisiones de los agentes. La experiencia de la reforma tributaria de la segunda administración Bachelet es un buen ejemplo. A pesar de las críticas fundadas, el 1 de octubre de 2014 entraron en vigencia modificaciones que tenían como fin recaudar un 3% del producto. Sin embargo, mientras los ingresos tributarios fiscales en 2012 equivalían a un 17,6% del PIB, en 2017 solo llegaban al 17,4%. Además, la misma administración debió en 2016 realizar modificaciones a su propia reforma, debido —en palabras de la exmandataria— a “algunas imperfecciones”.

Chile no puede ni debe implementar una nueva reforma tributaria plagada de imperfecciones. A partir de 2019, el desmoronamiento institucional, la violencia, la incertidumbre legislativa y el proceso constitucional han deteriorado las condiciones de inversión y modificado los apetitos por riesgo. Además, la clase política, incluidos algunos sectores de la derecha, irresponsablemente, ha contribuido a instalar el relato de la izquierda extrema en contra de la iniciativa privada. Así, una reforma de factura similar a la de 2014 confirmaría los peores pronósticos sobre crecimiento potencial del país, que ya se ubican para los próximos años bajo el 2%.

Desde esta perspectiva, el cuidado que ha mostrado el ministro de Hacienda, Mario Marcel, al comentar los futuros cambios tributarios debe ser acogido con moderado optimismo. La posibilidad de avanzar en una secuencia de modificaciones parece adecuada, toda vez que la alternativa de ingresar al Congreso, de una sola vez, un amplio paquete de medidas sería contraproducente. Sin embargo, la evaluación de la futura reforma dependerá del contenido de los proyectos y no simplemente de su estrategia legislativa.

No existiendo aún claridad por parte de la nueva administración, vale la pena revisar los principales lineamientos tributarios contenidos en el programa de Gabriel Boric, cuyo cumplimiento el Partido Comunista y grupos radicales de izquierda han definido como irrenunciable.

En materia de impuesto a la renta, se plantea la modificación de los tramos y las tasas de los impuestos personales, aumentando la carga para los salarios por sobre $4.500.000 mensuales. Además, se incluye un nuevo intento por desintegrar el impuesto para las grandes empresas y sociedades de inversión, lo que elevaría la carga tributaria actual. Sin entrar en detalles —característica del programa— se sugiere también la reducción de la evasión. En materia de exenciones, se considera la eliminación del régimen de renta presunta, limitación o eliminación de los beneficios para inmuebles DFL 2, eliminación de la exención del impuesto a la herencia respecto de los seguros de vida y modificaciones a la legislación de instrumentos financieros; algunos de estos cambios ya fueron incluidos en la reforma de la administración Piñera para financiar la Pensión Garantizada Universal.

Es probable que ahora estos dos grupos de acciones (impuesto a la renta y exenciones) no sean parte de las primeras medidas de la actual administración. No es el caso de las propuestas sobre impuestos a la riqueza, de alta popularidad política, pero bajo impacto real y cuestionable justificación conceptual. Aquí se incluyen impuestos al patrimonio neto, revisión de contribuciones, una sobretasa territorial y modificaciones de impuestos a herencias y donaciones.

Los impuestos verdes podrían ser también parte del paquete inicial. Si bien tienen una justificación técnica, la dificultad política de implementar, por ejemplo, un aumento en el tributo a los combustibles y eliminar las exenciones para industria y transporte requerirá particular atención. Lo propio ocurrirá con la idea de implementar un nuevo royalty minero o algunas de las medidas contra la evasión y elusión.

De acuerdo con el programa, la reforma recaudaría cerca de un 8% del producto en 8 años, alcanzando el 5% a 2025. Son cifras extremadamente ambiciosas, que no dan cuenta de las innumerables dificultades prácticas de las medidas y de su eventual impacto sobre el crecimiento. A esto cabe agregar otra reforma tributaria, ahora en el ámbito laboral, toda vez que la reducción de la jornada laboral y un importante aumento del salario mínimo pueden ser entendidos como impuestos a las pequeñas y medianas empresas.

Diseñar cambios de esta magnitud y amplitud, sin improvisaciones, respetando la técnica y evitando los efectos negativos sobre la economía, es el desafío más importante de 2022 para Hacienda.