La economía global está enfrentando un nuevo cisne negro, un evento de baja probabilidad, la masiva invasión rusa a Ucrania que, por su naturaleza, podría tener importantes consecuencias humanas, económicas, financieras y geopolíticas que nadie pudo prever. En esta columna me voy a concentrar en sus potenciales efectos en la economía global y en la chilena.

La invasión de Ucrania está afectando a la economía global, con efectos que dependerán del desarrollo del conflicto, en particular, de las acciones de Rusia, de las represalias del resto del mundo y del rol que tomen los distintos países en esta crisis. De partida, el primer efecto visible es una pronunciada alza de los precios de combustibles, minerales y granos, y nuevas disrupciones a las cadenas de suministro, a través de restricciones al transporte y a la producción de partes. Las alzas de precios de granos y de combustibles serán un shock negativo para los consumidores y para la demanda agregada. Las disrupciones a las cadenas de suministro y redes de transporte también van a restringir la oferta, afectando especialmente a varias economías que han estado enfrentando severas presiones de demanda en sus mercados de bienes y una inflación acelerándose.

Un segundo efecto es un gran aumento de la incertidumbre, afectando las confianzas de consumidores y empresarios, los precios de los activos, la inversión, la demanda agregada y el producto. Un tercer factor, y no menor, es la implosión que está sufriendo el sistema financiero ruso, por el efecto de las represalias internacionales y las restricciones internas, el que no solo va a afectar a la economía rusa, sino que puede terminar incidiendo en el sistema financiero global.

La invasión ocurre cuando la inflación ha estado aumentando en forma generalizada en el mundo, superando con creces las metas de los bancos centrales, llevando las expectativas de inflación de corto y mediano plazo a niveles muy por encima de dichas metas. Este nuevo shock de oferta, especialmente el alza de precios de la energía y de los alimentos, le va a dar un impulso adicional a la inflación, exacerbando el problema inflacionario. Dada la composición de las canastas de consumo de los distintos estratos de ingresos, este shock amenaza con golpear especialmente a los grupos de más bajos ingresos.

El dilema de los bancos centrales es calibrar el retiro de estímulos frente a un nuevo shock, que le va a dar un nuevo impulso a la inflación, pero también va a afectar el crecimiento. En países donde ya había inflaciones altas y persistentes, incluyendo las inflaciones subyacentes, y claras señales de sobrecalentamiento, no queda más camino que continuar con el retiro del estímulo monetario, aunque a una velocidad menor que la que se planeaba antes de este shock, a la espera de tener más información para poder evaluar sus efectos en la economía global y la actividad y la inflación internas. De hecho, en el caso de Estados Unidos, el mercado anticipaba, antes de la invasión rusa, a lo menos seis alzas de tasas este año, comenzando con un alza de medio punto ahora en marzo. Ante los eventos recientes, ahora se esperan hasta cuatro alzas y que el alza de este mes sea solo un cuarto de punto. La velocidad y magnitud de las alzas de tasas estarán condicionadas a la evolución del conflicto y sus consecuencias. El presidente de la Fed fue explícito al respecto en sus presentaciones al Congreso esta semana.

Por su parte, la economía chilena mostraba claras señales de sobrecalentamiento, con una inflación total y subyacente muy por encima de la meta y con expectativas de inflación a dos años, el horizonte de política del Banco Central, también sobradamente por sobre 3%. Ante este escenario, el Banco Central aceleró el proceso de normalización monetaria, elevando en sucesivas reuniones la tasa de política hasta alcanzar hoy a un 5,5%. De otra parte, el presupuesto aprobado y en ejecución este año incluye una importante reducción del estímulo fiscal, eliminando gran parte de los gastos transitorios asociados a la pandemia. La combinación de un menor impulso fiscal, mayores tasas de política y ausencia de retiros de los fondos de pensiones ha comenzado a acercar el producto a su nivel potencial. Como resultado, la actividad agregada se está desacelerando, con contracciones mensuales en los últimos dos meses. El reciente shock al precio del petróleo, a los productos agrícolas y a las cadenas de suministro le va a dar un nuevo impulso a la inflación y a la incertidumbre en Chile. Por otro lado, la caída de los contagios le va a dar más impulso a los servicios presenciales. Lo que corresponde ahora es continuar el ajuste monetario, pero a una velocidad más moderada, a la espera del desarrollo de los acontecimientos en el frente bélico, en las condiciones monetarias y financieras internacionales, y en la economía global y nacional.

El aumento internacional de los precios del petróleo y los productos agrícolas y de la incertidumbre global, derivado de la invasión rusa a Ucrania, va a complicar el manejo de corto plazo, pero en esto el Banco Central tiene una gran experiencia y un marco de políticas que facilita el ajuste. Se va a requerir también una muy buena coordinación entre Hacienda y el Banco Central. En esto tendremos la ventaja de que tanto el nuevo ministro de Hacienda como el Banco Central tienen las capacidades que se requiere para administrar este nuevo shock externo minimizando sus efectos negativos en el bienestar de la población.

Un problema adicional es que este nuevo shock encuentra a Chile en medio de un proceso constitucional que ha dado muestras de avanzar hacia cambios refundacionales. Estas señales, como lo muestran las encuestas del Banco Central, han incrementado significativamente la incertidumbre interna. Además, de aprobarse una Constitución con estas características, las condiciones que se requieren para lograr un crecimiento sostenido y sustentable —respeto de los derechos de propiedad, estabilidad macrofinanciera (responsabilidad fiscal y autonomía del Banco Central), Estado de Derecho, estabilidad política— se habrán debilitado, haciendo más difícil el cumplimiento de las demandas de la población. Aún es tiempo de introducir estas consideraciones en el debate constitucional.