La principal razón por la cual muchos favorecimos un cambio constitucional fue porque el texto vigente limitaba en exceso las decisiones de las mayorías. Programas políticos que no eran contradictorios con la democracia eran invalidados en nombre de la Carta Fundamental. La criticábamos por instaurar una democracia limitada y protegida.

Paradójicamente la Convención lejos de aumentar, va en camino de restringir el espacio del gobierno de las mayorías. La mayor parte de los convencionales no visualiza su tarea como la aprobación de reglas que sean pre condición para el buen funcionamiento de la democracia, con respeto a los derechos fundamentales. Buena parte de las normas que por ahora han sido aprobadas en las comisiones imponen un programa político, incompatible con el respeto al pluralismo, que es consustancial a la democracia. Los números son decidores: Los derechos fundamentales en la Constitución vigente se listan en 26 numerales de un solo artículo; con una extensión similar a la Constitución del 25 y análoga a la de los países europeos. En cambio, la Comisión respectiva de la Convención, sin sumar aún los derechos políticos y los económico sociales, ya aprobó 88 artículos, incluyendo, por ejemplo, uno que obliga al Estado a fomentar el desarrollo de las cooperativas. Me gustaría votar por autoridades que las fomentaran, pero no entiendo cómo puede sostenerse que dicho fomento es un prerrequisito de la democracia o indispensable a la libertad.

Por su parte, la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico (ya el nombre lo dice todo, la Constitución instaurará un modelo económico que futuras mayorías no podrán alterar) propuso 38 artículos permanentes y dos transitorios, en condiciones que las constituciones de las democracias más prestigiadas tratan estos dos temas en no más de 3 o 4 disposiciones. La propuesta incluyó, entre otras, la obligación del Estado de llevar a cabo una revisión histórica para explicar los procesos evolutivos de la naturaleza; varias disposiciones acerca de la forma en que deben gestionarse los residuos; y asegura a todas las personas el acceso peatonal gratuito a cualquier bosque nativo. Afortunadamente la mayoría de estas normas no alcanzaron los 2/3 en el Pleno.

Así, suma y sigue con decisiones de política pública: las cárceles no podrán ser concesionadas; solo el Estado podrá administrar los sistemas de saneamiento del agua y provisión y distribución de agua potable y los derechos de uso de agua no podrán transmitirse en caso de muerte del titular. Los ejemplos podrían multiplicarse para demostrar cómo este proyecto constitucional va optando por un completo programa que limitará legítimas alternativas de política pública por parte de las futuras mayorías.

Una Constitución así dificultará también el funcionamiento de la democracia por los numerosos conceptos indeterminados que contendría y que no tienen un significado compartido en la tradición jurídica chilena, como el de la justicia con perspectiva de género, la garantía del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos sin discriminación, con enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural, o el derecho de los pueblos indígenas a la propiedad de las tierras, que actual o tradicionalmente hayan poseído, ocupado o utilizado.

Pasarán años en que el legislativo apruebe leyes que den un significado operativo y preciso a estos conceptos. El resultado de estas incertezas y del intento de cerrar programas políticos a través de conceptos generales conducirá, por largo tiempo, a una desatada judicialización de la política. El poder radicará en los tribunales antes que en el Congreso.

De allí que no yerren en su estrategia política quienes quieren cerrar el círculo de su proyecto refundacional creando mecanismos que hagan a los jueces más dependientes de sus criterios políticos.

El ideal de una Constitución democrática es la de establecer reglas, más procesales que sustantivas, que permitan el fluido funcionamiento de una democracia, en que convivan visiones plurales acerca de la buena vida individual y colectiva. Las constituciones duran cuando, lejos de tratar de suprimir uno o más proyectos políticos democráticos, establecen mecanismos procesales capaces de regular la competencia entre ellos.

El actual debate constitucional está más preocupado de establecer las bases, cuando no los detalles, de la política pública, que de regular cómo habremos de resolver periódicamente nuestras legítimas diferencias. Al parecer, el mal de la Constitución del 80 será profundizado.