Durante la campaña el Presidente electo, al ser preguntado sobre si se mantendría la Primera Dama, dijo: “Vamos a abolir esa institución y a generar una instancia que sea transparente, que esté en función de méritos y carrera funcionaria y no de afinidad o de relación sentimental o de sangre con el Presidente o Presidenta”.

No obstante, pocos días después de haber sido elegido, su pareja, Irina Karamanos, antropóloga y feminista, anunció que sí asumiría el cargo pero para reformularlo. Las críticas de feministas no se hicieron esperar; June García puso en Twitter: “Encuentro alucinante que personas piensen que es un gran giro histórico que Irina Karamanos asuma como primera dama. Literalmente, solo está ahí porque tiene una relación sexoafectiva con Gabriel Boric. ¡¿Cómo vamos a alegrarnos de un acceso al poder dado solo por ser ‘pareja de'?!”.

Me parece acertada esta crítica. No se puede ser feminista y asumir un cargo que hoy es anacrónico y, peor aún, sexista.

La expresión proviene de Estados Unidos: First Lady, que tuvo gran difusión en muchos países, sobre todo en Latinoamérica. En Chile, con Rosa Markmann, mujer de González Videla, la Primera Dama comenzó a tener oficina propia en La Moneda. Después del retorno a la democracia, incluso con resistencias, no hubo ánimo para suprimir el cargo. Leonor Oyarzún se resistió, pero al final terminó aceptando; lo mismo sucedió con Marta Larraechea y Luisa Durán. Todas crearon fundaciones: Integra (Oyarzún), Tiempos Nuevos (Larraechea) y Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles (Durán). Ni digamos la forma entusiasta en que Cecilia Morel ha ejercido el cargo, sobre todo en el segundo gobierno de Piñera, con apariciones constantes en los medios y con una página web institucional que promueve sus actividades.

Jurídicamente, la Primera Dama no existe ni constitucional ni legalmente. El Reglamento de Protocolo solo se refiere al cónyuge o conviviente civil del Presidente o Presidenta. Si bien es un cargo no remunerado, se invierten cuantiosos recursos públicos al asegurar funcionarios que apoyen a la Primera Dama, dando lugar a un “gabinete asesor”. No se le aplican las incompatibilidades entre cargos públicos ni las exigencias de probidad o transparencia, como tampoco las leyes que controlan el lobby.

En la actualidad, esta función no contribuye a dar relieve a la mujer, sino que más bien le asigna un rol ornamental de acompañante. No parece que un varón vaya a estar dispuesto para aparecer como Primer Damo. Cuando Bachelet ejerció la presidencia no nombró a un varón que fuera su pareja y eligió a su hijo, y sabemos cómo terminó.

La misma denominación, en femenino, revela machismo y ayuda a perpetuar estereotipos, como el dicho de que “detrás” de un gran hombre hay una gran mujer. Al enfatizar atributos de afecto y cariño propios de la acción social, reafirma la imagen de la mujer como cuidadora de niños, abuelos y familiares.

Causa decepción que Gabriel Boric no haya mantenido la decisión de suprimir la institución, máxime si Karamanos ni siquiera tiene un vínculo jurídico con él. La promesa de reformularlo huele más a mantener el poder y a posicionar a quien usa el título. Hay varias primeras damas que pasaron luego a ser presidentas, como Cristina Fernández, o intentaron serlo, como Hillary Clinton. De hecho, Karamanos declaró: “le vamos a dar un carácter más amplio a la visibilización de temáticas y de grupos, por ejemplo, las juventudes trans, infancia migrante, también hablar de interculturalidad, el derecho de niños y niñas a hablar sus lenguas, etc.”. ¿Qué es esto sino politizar el rol asumiendo agendas identitarias? ¿Estaremos ante una Evita que se desvivirá por estos nuevos “descamisados”?

No es necesario suprimir el cargo, porque jurídicamente no existe. Basta con eliminarlo de las resoluciones de la Presidencia de la República y traspasar las fundaciones a otras autoridades. Otra opción es que el Presidente Boric nombre a Irina Karamanos —que por lo que sabemos tiene talento y preparación— como directora sociocultural de La Moneda, con todas las exigencias y deberes que corresponden a una autoridad pública.