En diversas declaraciones, el Presidente electo ha dejado en claro que está consciente de las dificultades económicas y también de las restricciones políticas que enfrentará su gobierno. Respecto de esta última dimensión, ha dado un paso al ampliar su coalición a la ex-Concertación, si bien dejando expresamente fuera a la Democracia Cristiana. Hay sintonía ideológica con los nuevos grupos que se han incorporado, pero las relaciones no estarán exentas de fricciones, particularmente porque el nombramiento del gabinete da aún pocas luces respecto de la estrategia política para gobernar. La nueva coalición tampoco es suficiente para alcanzar mayorías y, en ausencia de prioridades más claras, es difícil anticipar si los nombres que se han integrado tendrán la capacidad de alinear en el Congreso a los partidos que supuestamente representan. Aún hay tiempo para elaborar esa estrategia, pero ahora ella tiene que conversar con las realidades de las personas elegidas en el gabinete.

Para el complejo escenario económico, el futuro ministro de Hacienda ofrece al menos dos garantías indispensables. Por un lado, un compromiso con cuentas fiscales ordenadas y balanceadas, que aseguren un uso cuidadoso de los recursos públicos. Gabriel Boric se ha comprometido a respetar el Presupuesto acordado para 2022 y Mario Marcel debería encontrar en él un aliado indispensable para hacer honor a su trayectoria. La figura de Marcel también representa preocupación por un diseño apropiado de las políticas públicas, que garantice su eficacia y compatibilidad con las holguras fiscales efectivas. La conformación del gabinete ha avanzado en asegurar en algunas áreas clave, como salud, transportes u obras públicas, a personas con un carácter técnico que puedan trabajar coordinadamente con la autoridad económica. En otras reparticiones, solo a partir de la instalación del gobierno podrá constatarse si se producirá la indispensable coordinación que se requiere para “crear las condiciones económicas, financieras y operacionales para que los compromisos establecidos con la ciudadanía se puedan cumplir”, según definió Marcel el rol específico que le habría solicitado cumplir el Presidente electo.

Lograr ese propósito requiere definir y ordenar prioridades. Más allá de la opinión que se pueda tener de las distintas iniciativas que contempla el programa de gobierno, es innegable que ellas demandan ingentes desembolsos fiscales, adicionales a los contemplados actualmente en las proyecciones de la hacienda pública. Por eso, se ha planteado una importante reforma tributaria, pero no es evidente que ella genere los recursos que se han proyectado en los plazos estipulados. Además, los instrumentos sugeridos van a ser objeto de un gran y prolongado debate. Es aquí donde la falta de mayorías en el Congreso se hará notar. La agenda de gobierno, cabe recordarlo, contempla además, entre otros aspectos, un nuevo sistema previsional que incorpora el reparto e involucra un aumento relevante de las cotizaciones previsionales, y nuevas condiciones laborales en términos de duración de jornada, salario mínimo y reforma a la negociación colectiva. ¿Son todas ellas compatibles con la creación de las condiciones que se le habrían solicitado al futuro ministro de Hacienda?

Asimismo, asegurar el orden público y un clima de paz social parece indispensable para poder construir acuerdos que permitan aprobar las primeras reformas a que aspira el Presidente electo. Aquí se ha anunciado un cambio relevante respecto de la estrategia del gobierno actual, pero los contenidos de una nueva agenda son más bien difusos. No hay mucho tiempo para configurarla.

El gabinete de la futura administración ha sido bien recibido. Su confección demostró sapiencia, pero junto con ello se requiere definir prioridades y acordar los ejes en que se desplazará la futura gestión gubernamental.