Todo indica que el estatuto del Senado constituirá uno de los nudos de la discusión sobre sistema político. De hecho, la propuesta del Frente Amplio y del PC supone eliminarlo, y pasar a un Congreso unicameral. El argumento esgrimido es la (supuesta) lentitud de un proceso legislativo que involucra a dos ramas, pero sabemos que parte de la izquierda siempre ha considerado a la Cámara Alta como una rémora conservadora cuya función sería defender el statu quo (el senador electo Daniel Núñez argumentaba hace algunos meses que se trata de una institución “elitista y oligárquica”).

Aunque la discusión sobre bicameralismo es tan vieja como Montesquieu y Rousseau, conviene volver la mirada sobre ella, porque en estas decisiones se juega buena parte de nuestro futuro político. Si la nueva institucionalidad no arranca de un diagnóstico certero respecto de nuestras auténticas dificultades, la Convención habrá fracasado en una de sus misiones fundamentales —y, dicho sea de paso, no logrará cerrar la cuestión constitucional.

La existencia del Senado, me parece, se justifica al menos por tres tipos de motivos. El primero tiene que ver con el equilibrio institucional de mediano y largo plazo. La Cámara Alta se renueva por mitades, y eso obliga a que las mayorías se consoliden en el tiempo antes de hacer cambios demasiado profundos. Se evita así que cada legislatura deshaga lo que hizo la anterior. Este argumento cobra especial fuerza en nuestro país, pues las señales del electorado no han sido coherentes entre sí. Por lo demás, la Cámara Baja suele estar sometida a dinámicas de conflicto, cortoplacistas e interesadas (baste recordar cuando los diputados votaron una norma que prohibía el cobro de intereses bancarios a candidatos y partidos políticos, rechazado luego en el Senado). En el fondo, la cámara única es una concentración inaudita de poderes en un lugar muy poco dado a los acuerdos.

Una segunda razón es más estructural. Como bien sabía Cicerón, nunca es recomendable oponer pura y simplemente a dos poderes entre sí. Tal diseño puede derivar fácilmente en un conflicto insoluble, sin árbitros. En cambio, tres poderes hacen más posible la colaboración, en la medida en que permiten la triangulación, tan relevante en tiempos difíciles —Yasna Provoste jugó ese papel hace no tanto tiempo—. Por lo demás, si la cámara única tiene a su vez el deber de ratificar a un improbable “ministro de gobierno”, como lo contempla la propuesta del FA, no es difícil prever un conflicto de competencias con el Presidente (agravado por el sistema proporcional imperante). Ese camino no acaba con las crisis, sino que las perpetúa.

Con todo, la principal razón de ser del senado guarda relación con la equidad territorial. Uno de nuestros grandes males es la concentración poblacional: en la Región Metropolitana vive un 36% de los habitantes, aunque no alcanza ni al 2% del territorio. Por lo mismo, se lleva 47 diputados de 155: casi un tercio. En ese contexto, no hace falta ser un genio para advertir el carácter problemático del unicameralismo: en él, los territorios no tienen voz ni representación significativa (Aysén y Magallanes reunidos eligen 6 diputados).

En ese contexto, la cámara única constituye el mecanismo perfecto para reforzar al máximo nuestro centralismo endémico, que ya vuelve invisibles tantos problemas a ojos de las élites (como en el episodio del Transantiago y los fondos espejo). Un régimen unicameral concentrará todos los recursos en Santiago y, quizás, las grandes urbes, pues allí estarán todos los incentivos electorales.

El Senado encarna, entonces, un equilibrio fundamental: al menos en una de las cámaras, las regiones pueden hacerle el peso al centro. Si la Convención quiere avanzar en una auténtica descentralización, resulta indispensable al menos conservar el Senado, e incluso reforzar algunas de sus funciones. En la tesis unicameral, subyace un monismo político que hace imposible pensar a Chile desde sus regiones. Sobra decir que la propuesta de congresos regionales no resuelve ninguna de estas dificultades, pues no impide la concentración de poder nacional en una cámara que será inevitablemente ciega a los territorios.

El año 1969, el Presidente Charles de Gaulle sometió a plebiscito una reforma constitucional que suprimía el Senado. La propuesta fue rechazada y De Gaulle se vio obligado a abandonar el poder: los franceses no estuvieron dispuestos a renunciar a una representación territorial que contrapesara los vaivenes de la Cámara de Diputados. Sería cuando menos paradójico que la Convención, la misma que aspira a inaugurar un nuevo Chile, les arrebatara a los chilenos que no viven en grandes ciudades su capacidad de incidir en el destino colectivo.