La tarea del Estado y, en consecuencia, del Derecho es proteger a la persona, propendiendo que ella alcance su desarrollo integral. Para que ello sea posible, esa tutela debe iniciarse desde la infancia, asegurando que todo niño pueda conseguirlo.

Desde la vigencia de la actual Constitución y desde el retorno a la democracia, el Estado no ha sabido cumplir con ello en términos que sus tres poderes presentan importantes nudos críticos en la protección de la niñez. Aunque se han aprobado recientemente leyes que apuntan a un cambio de la institucionalidad aspirando a superar algunos de ellos, habrá que esperar para comprobar si en el mediano plazo se logra. Lo cierto es que no ha existido una política estatal de infancia, sino una gubernamental, variable y entregada a actores políticos con escasa competencia en la materia.

Por otro lado, la mejor prevención a la vulneración es la formación de habilidades parentales. En ello el Estado de Chile ha estado ausente, como lo muestra la normalización del abandono, del ausentismo paterno (grave incumplimiento de las pensiones alimenticias) o la incapacidad para enfrentar de forma eficiente la vulneración de derechos de los niños. Como lo han alertado múltiples informes, la infancia vulnerada sigue esperando una respuesta conforme a su dignidad.

Es entonces trascendental que la preocupación por la infancia sea una prioridad y deje de ser un tema que solo adquiere connotación ante los graves casos de vulneración que los medios de comunicación revelan.

Ahora bien, el abordaje de la infancia desde el ámbito público plantea numerosos desafíos, pero entre ellos uno complejo proviene de las distintas realidades de infancia en Chile. Niños que viven con sus padres o familia directa, comprometidos en su desarrollo, niños cuyos padres o esa familia han abandonado y niños vulnerados en sus derechos por ellos. Como se trata de situaciones tan diversas, encontrar el equilibrio de la intervención del Estado con el respeto a la soberanía familiar es difícil.

Con todo, no está en duda que debiese darse rango constitucional a dos ejes prioritarios para que la dolorosa realidad que enfrentamos en torno a la protección de la infancia vulnerable cambie y para que todo niño o niña tenga en nuestro país un espacio real para el desarrollo de todas sus potencialidades.

Uno es el establecimiento del deber del Estado de constituirse en garante de la protección de todo niño, niña o adolescente y de su derecho a vivir en familia. Este eje debe comprender el reconocimiento de su derecho a vivir en familia, pues ella es una comunidad única e insustituible en la formación de la persona y entendiéndola del modo en que lo hacemos los chilenos: comprendiendo a los padres, red familiar o familia extensa.

Este eje debe incluir el deber de cuidado del Estado para el caso en que los padres o la familia directa de los niños no puedan hacerse cargo de ellos. El Estado debe ser garante de sus derechos: salud, vivienda y educación, mientras ellos estén bajo su alero.

El segundo eje debe centrarse en la promoción de la corresponsabilidad parental y familiar de forma auxiliar a generar una cultura donde los padres comprendan lo que implica la paternidad y la maternidad y la relevancia que tiene para el desarrollo de sus hijos su presencia activa. El Código Civil fue reformado para incorporar el principio de corresponsabilidad parental, pero ello ha sido insuficiente: en los hechos el Estado no acompaña a la familia en esa tarea. Se requiere su consagración expresa a nivel constitucional que inspire políticas públicas encaminadas a conseguir superar la situación actual.

Todo lo anterior no debe quedar como un mero reconocimiento programático, sino que debe proyectarse en una institucionalidad que propenda a hacer eficaz esos derechos y principio, con un enfoque sistémico, pero que atienda a las distintas realidades de infancia. Para ello, debe establecerse claramente la responsabilidad política y administrativa de las autoridades encargadas de la ejecución de las políticas que se fijen.

El futuro de Chile depende de muchas variables, pero si hay una indudable es la de su infancia. Ojalá que ella no quede preterida, una vez más, en el debate constitucional.

La autora es doctora en Derecho, profesora titular de Derecho Civil y directora del Departamento de Derecho Privado de la Pontificia Universidad Católica de Chile