La nueva administración enfrentará la realidad de una economía que ya recuperó con creces el nivel de actividad económica preestallido y precovid y que está sobrecalentada —lo que se manifiesta en una alta inflación y un alto déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos—; un país polarizado, un orden público socavado, una institucionalidad debilitada, una Convención Constitucional en pleno trabajo, e importantes demandas sociales que se han acumulado por la dificultad del sistema político de llegar a acuerdos.

Entre las condiciones iniciales, habría que destacar las siguientes. Primero, la actividad ya se recuperó, pero no así el mercado laboral. La economía chilena es una de las que más rápido se recuperaron en el mundo de la crisis asociada al covid. Las políticas fiscales, monetarias y crediticias de apoyo a los hogares y empresas, los grandes avances en la vacunación y la significativa inyección de liquidez proveniente de los retiros de los fondos de pensiones posibilitaron esto. De hecho, el nivel de actividad de octubre superó en 7,8% al de febrero 2020 (precovid) y en 8% al de septiembre 2019 (preestallido). La expansión de la actividad ha sido tal que ya supera con creces la capacidad productiva, lo que es una de las principales causas del alza de la inflación.

En paralelo, con un rezago, continúa la recuperación del empleo, pero aún se necesitan 600.000 empleos adicionales para recuperar el nivel de empleo de septiembre del 2019 (preestallido). A eso habría que agregar también el aumento de la población en edad de trabajar desde entonces. Esto hace urgente reforzar programas de subsidios a la contratación y de capacitación orientados a incentivar la creación de empleo.

Segundo, en gran parte, como herencia de la crisis, Chile tiene hoy, por primera vez en muchos años, importantes desequilibrios macro. Una inflación que alcanza 6,7% anual y expectativas de inflación a dos años que se siguen alejando de la meta del Banco Central. Además, la fuerte expansión de la demanda interna llevó el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos a un 8,5% del PIB en el tercer trimestre. En la parte fiscal, existe un alto déficit estructural —que este año superará el 11% del PIB—, una razón de deuda pública a producto que terminaría este año en torno al 35% y una solvencia fiscal debilitada por los déficits de los últimos años.

Tercero, para controlar la inflación y el deterioro de las cuentas externas es necesario ajustar la política monetaria y reducir el impulso fiscal protegiendo las prestaciones sociales. El Banco Central está haciendo su trabajo, normalizando la política monetaria. En la parte fiscal, el presupuesto aprobado en el Congreso reduce el impulso fiscal, por la extinción de los apoyos extraordinarios asociados a la pandemia. Restablecer los equilibrios macro le sirve a cualquier gobierno, independiente de quién resulte electo. La inflación alta siempre termina afectando principalmente a los más pobres y los altos déficits en las cuentas externas aumentan la vulnerabilidad frente a cambios en las condiciones financieras internacionales. Además, la estabilidad macroeconómica es una precondición para poder crecer en forma sostenida.

Pero la crisis deja también otras herencias. Entre ellas, el deterioro del mercado de capitales, tras los sucesivos cambios constitucionales que condujeron a cuantiosos retiros de ahorros destinados a pensiones, que derivaron en aumentos de las tasas de interés de largo plazo —golpeando a las familias que aspiraban a comprar una vivienda—, y, al mismo tiempo, contribuyeron al sobrecalentamiento de la economía. Los retiros, además, amplificaron el problema de las bajas pensiones. Con esto, aumenta la urgencia de enfrentar el problema de pensiones. Al respecto, hay varias propuestas elaboradas por comisiones presidenciales en los últimos 15 años, pero poco se ha hecho. Las propuestas de reformas deben considerar la ya debilitada solvencia fiscal y los efectos en el mercado de capitales.

Otra herencia de la crisis es la aceleración del uso de la digitalización, la robótica y la inteligencia artificial, lo que tendrá efectos profundos en el mercado laboral que, si no se atienden con capacitación y una combinación de flexibilidad y seguridad laboral, van a terminar afectando el empleo, especialmente de personas con baja calificación. Esto aumenta los efectos negativos en el empleo de iniciativas encaminadas a incrementar el costo del trabajo y rigidizar el mercado laboral.

El reto para la próxima administración será poder llevar adelante un programa que, tomando en cuenta las limitaciones derivadas de las condiciones iniciales, se haga cargo de las demandas sociales prioritarias, las que siguen siendo delincuencia, pensiones, salud y educación. Con esta realidad, la administración del ajuste macro, la restauración del orden público y el cumplimiento del Estado de Derecho debieran ser temas prioritarios. Para satisfacer las demandas sociales en las áreas anteriores es fundamental mejorar la calidad y capacidad del Estado. En este tema, también existen numerosas comisiones transversales que han identificado las principales falencias y han hecho recomendaciones, pero ha sido muy difícil avanzar por las presiones de grupos de interés.

La situación fiscal heredada y las demandas sociales van a requerir no solo de un mejor Estado, sino también de más recursos. Para recaudar esos mayores recursos, y de paso mejorar las oportunidades y la calidad de los empleos, es fundamental hacer proyecciones realistas de recaudación, no comprometer gasto mientras no se tenga asegurado su financiamiento y no soslayar los efectos de los impuestos en los incentivos a la inversión, al trabajo y a la innovación. También va a ser necesario priorizar el gasto público, considerando las demandas sociales y la promoción del crecimiento.

En momentos en que se discute el modelo económico de Chile para los próximos años, no hay que olvidar que el capitalismo de mercado, abierto al comercio, con un Estado de Derecho, derechos de propiedad bien definidos y respetados, con una apropiada regulación financiera y de los monopolios naturales, con mecanismos eficientes para promover la innovación, la competencia, la defensa de los consumidores y la protección del medio ambiente, es el modelo más efectivo para promover un crecimiento alto, sustentable e inclusivo. El Estado tiene un rol como facilitador e impulsor de la innovación, porque las empresas no toman en cuenta en sus decisiones de inversión las externalidades positivas de estas inversiones en innovaciones futuras, por lo que tienden a subinvertir en innovación.

La tarea de la nueva administración no será fácil, pero siempre es útil tener claras las condiciones iniciales y lo que se requiere para promover un crecimiento alto e inclusivo que haga posible avanzar en la satisfacción de las demandas sociales.