Repasemos algunas preguntas que cualquier persona o familia normal se hace al pensar en su futuro, en lo que le deparará 2022 y lo que venga más allá. ¿Tendré pega? ¿Ganaré más o menos? Si me tengo que jubilar, ¿cuál será mi pensión? ¿Tengo ahorros? ¿Cuánto debo?

¿Y qué pasa si nos hacemos esas preguntas colectivamente? Entre programas de gobierno para las campañas presidenciales que mutan, que desarrollan sus propias variantes, se reescriben, se esconden o simplemente se desconocen, ¿cuál es la respuesta de la realidad a las preguntas de sentido común a la que los diversos candidatos ofrecen hoy un futuro mejor?

Como país, la respuesta que enfrentamos a la interrogante sobre “la pega” es que la tasa de ocupación (total de ocupados en relación con la población en edad de trabajar) con que asumirá el próximo gobierno será definitivamente más baja que la que debieron enfrentar los dos gobiernos anteriores al iniciar su mandato. Las dos últimas administraciones se iniciaron con una tasa de ocupación algo por sobre del 58%, cifra similar a la que registrábamos antes de la pandemia. Si bien es difícil proyectar una cifra exacta para marzo, la última información disponible nos indica que está más bien cerca del 52%. Y si se trata de poner las cosas en perspectiva, volver a ese 58% hoy tan deseable implicaría un estancamiento en niveles logrados entre los años 2010 y 2014, cuando la tasa de empleo pasó de un 54% a un 58%.

¿Y qué pasará en materia de ingresos? En cuanto a los ingresos de los hogares, sobre todo los más bajos, estos tendrán una reducción importante. Durante la segunda mitad de este año cerca del 90% de los hogares del país han recibido recursos desde el Estado en el marco del Ingreso Familiar de Emergencia. Este apoyo de $500.000 para un hogar de cuatro personas implicó para el 23% de los hogares al menos duplicar sus ingresos mensuales respecto de aquellos con los que contaban antes de la pandemia; para casi el 60% de los hogares representó al menos la mitad de los ingresos con los que contaban hace dos años (Encuesta Suplementaria de Ingresos, 2019, INE).

¿Pensiones? A partir de los retiros efectuados desde los fondos de pensiones, una parte mayoritaria de los pensionados tendrán una caída de aproximadamente el 30% de sus pensiones, considerando los tres retiros realizados hasta la fecha, fenómeno que obviamente afectará también a quienes se pensionen en los próximos meses y años.

Con menores posibilidades de empleo e ingresos restringidos, la cuestión pasa a ser, ¿podrá el Estado venir al rescate de quienes sufran en carne propia las consecuencias de la realidad descrita?

Miremos la caja: la próxima administración heredará una situación fiscal incomparablemente más estrecha que las anteriores. En efecto, de acuerdo con el último Informe de las Finanzas Públicas, el gasto compatible con la meta de balance estructural fijado por este gobierno implica que entre los años 2022 y 2025 el crecimiento real del gasto debería ser de solo un 1%. Ello contrasta con el crecimiento del gasto registrado durante los dos gobiernos anteriores, que fue algo superior al 12% entre los años 2010 y 2013, y de casi un 17% entre los años 2014 y 2017. Sin comentarios.

¿Ahorros? La próxima administración se estima que asumirá con ahorros del orden de US$ 4.500 millones en el Fondo de Estabilización Económica y Social, mientras que hace cuatro y ocho años atrás los respectivos gobiernos asumieron con fondos acumulados del orden de US$ 15.000 millones. En cuanto al endeudamiento, quien resulte electo heredará una deuda pública en relación con nuestra economía que se proyecta para fines del próximo año del orden de un 38%, mientras que el año 2018 esta fue de 26% y el 2014 de un 15%.

La realidad económica y social que deberá enfrentar quien asuma en marzo próximo la Presidencia de la República será de las más complejas al menos desde el retorno de la democracia. Si a ello se suma la incertidumbre que se ha instalado en el país a raíz de la redacción de una nueva Constitución, que ha puesto en pausa la posibilidad de retomar el crecimiento económico de antaño y con ello la opción de contar con más y mejores empleos, el panorama se ve aún más desafiante. La caja fiscal está prácticamente agotada y prolongar programas como el Ingreso Familiar de Emergencia se hace imposible. Las transferencias totales realizadas este año en el marco de este programa serán de casi US$ 25.000 millones, un 30% del total del gasto fiscal proyectado para el próximo año.

El cómo enfrentará el nuevo gobierno esta coyuntura afectará esencialmente las bases para el tan anhelado sueño de retomar el camino hacia un Chile que ofrezca más y mejores oportunidades y donde la movilidad social vuelva a ser una realidad.