A semanas de las elecciones parlamentarias en Argentina, el gobierno ha impulsado una serie de medidas y ha desplegado una ofensiva comunicacional con miras a revertir los adversos resultados de las primarias (PASO). En este contexto, el anuncio de una nueva política social derivó en críticas. Entre ellas, un tuit de un conocido caricaturista del diario La Nación, Cristián Dzwonik, más conocido como Nik, en el cual señalaba que, más que regalías, echaba de menos un llamado de las autoridades referido al esfuerzo, el trabajo, el futuro, afirmando: “los va a volver a derrotar la dignidad del pueblo”.

La respuesta provino de Aníbal Fernández, quien asumió el mes pasado como ministro de Seguridad, en un tuit donde hizo referencia al subsidio que reciben algunas escuelas en la ciudad de Buenos Aires, mencionando al colegio en que estudian las hijas del caricaturista —establecimiento que, luego se determinó, no recibe tales subsidios—, señalando “… ¿La conoces? Si la conoces… ¿O querés que te haga un dibujito?....”, lo que fue interpretado como una amenaza velada al humorista crítico. Si bien el ministro no se retractó de sus dichos y negó que tuviera información personal sobre los ciudadanos, escribió una suerte de disculpa y finalmente borró el tuit.

El hecho causó serios cuestionamientos desde diversos sectores. Incluso se pidió la remoción del ministro, debido al abuso de poder que implica que una autoridad —en este caso encargada de la seguridad pública y de la inteligencia— intente afectar indirectamente la libertad de opinión, intimidando mediante la entrega de datos personales, lo que implica una vulneración de la privacidad y la seguridad de la familia. El afectado anunció que recurriría a la justicia para que se determine de dónde provino la información sobre el colegio en el cual estudian sus dos hijas menores.

La polémica vuelve a poner en entredicho el comportamiento de autoridades que ostentan cargos públicos en Argentina. A las críticas que rodearon la realización de una fiesta de cumpleaños en la residencia del mandatario en medio de la crisis sanitaria, se suma este hecho. El mensaje intimidante contra el humorista gráfico se ha entendido como una vulneración de la libertad de opinión y expresión. Particularmente sensible parece el hecho de que sea la autoridad encargada de la seguridad del país quien divulgue antecedentes personales de un ciudadano en reacción por sus dichos, lo que se interpreta como un intento por amenazar al periodismo crítico como el que realiza Nik a través de sus trabajos. De hecho, su respuesta fue una gráfica cuyo mensaje señalaba: “ministro, con nuestros hijos, no”.

Es en tiempos de campaña electoral cuando una sociedad democrática debe atender con mayor fuerza los límites del enfrentamiento político, cuidando de evitar la vulneración de libertades fundamentales como la de expresión y opinión, así como el derecho a la vida privada, y menos aún quebrantándolo con fines de amedrentamiento. Es deber de todo gobierno democrático, y de cada una de sus autoridades, procurar un escenario favorable para el intercambio de ideas y propuestas, respetando la libertad de prensa, evitando caer en la amenaza, la persecución y el abuso de poder, tan propios de los mensajes de las redes sociales, los que pueden terminar debilitando las bases institucionales de un sistema republicano.