Aun después de su muerte, Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso, “el más grande genocida de la historia del Perú”, como ha sido descrito transversalmente, es una incómoda presencia para el gobierno de Pedro Castillo. El destino de sus restos ha causado una polémica inesperada, con el Ejecutivo deslindando responsabilidades sobre la decisión de qué hacer con su funeral, y recibiendo las críticas por haber desperdiciado la oportunidad para definirse sobre el terrorismo.

Lo cierto es que Castillo sí hizo inmediata condena del terrorismo y de las actividades de Guzmán, pero, como en otros asuntos, dilató pronunciarse sobre si debía o no ser incinerado, tal como lo han pedido desde diversas instancias. La conveniencia de una cremación, en efecto, ha sido recomendada por la fiscal general, el defensor público y otras personalidades, para evitar que su sepultura sea objeto de homenajes (el líder senderista impuso un culto a su personalidad, a la manera de Mao Zedong) que puedan afectar el orden público.

En esta dilación, varios ministros se manifestaron a favor de la incineración. El más categórico fue el titular de Justicia, Aníbal Torres, quien envió una comunicación a la fiscalía en la que señala que “la adopción de otra sepultura del cabecilla... quien fue responsable del 46 por ciento de las 69.280 muertes y desapariciones durante el conflicto interno, y que desplegó inusitada crueldad, con torturas y la sevicia como forma de castigo o sentar ejemplos intimidatorios”, podrá traer “afectaciones al orden público y la seguridad nacional”, por la “insania” de seguidores que “buscarán enaltecerlo y homenajearlo”.

La nota de Torres no fue del gusto del primer ministro, Guido Bellido, que señaló que esa era una opinión personal. Bellido es investigado por apología del terrorismo, un delito que puede recibir hasta 15 años de cárcel, si bien en su caso podría estar prescrito, lo que no impide que Castillo sea criticado por tenerlo en el gabinete. Torres también provocó la ira de otro personaje polémico, Vladimir Cerrón, cuando señaló que este último, líder del oficialista partido Perú Libre, “es una influencia dañina en el gobierno”, porque nadie puede tomar decisiones sin tener las facultades. Sus dichos fueron replicados por la bancada de la colectividad en el Congreso, mostrando una seria división en el oficialismo. Aquellos que apoyan a Cerrón señalaron que el ministro era “un invitado” del partido, y el propio exgobernador de Junín lo acusó de ser “siempre un impulsor de la fractura” de la colectividad.

En el centro de este enfrentamiento político está Pedro Castillo, quien como en otros altercados prefiere “ignorar estos dimes y diretes” y resistirse a tomar una decisión. Con todo, finalmente ayer el ministro del Interior —quien dijo compartir la postura de su par de Justicia— anunció que el Ejecutivo está preparando un proyecto de ley para permitir la incineración. Sin embargo, la demora en resolver ya le ha traído nuevos costos a un gobierno que necesita dar señales que ratifiquen las afirmaciones del Presidente rechazando tener cualquier vínculo con la ideología senderista.