Los empresarios nunca han estado ausentes de las grandes gestas que han movilizado a los pueblos. Pensemos, por ejemplo, en su contribución al triunfo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial; o en el papel crucial que ejercieron, por la vía de la desinversión, en el aislamiento y posterior caída del apartheid sudafricano. En Latinoamérica es conocido el activo papel de la clase empresarial brasileña —particularmente la industria paulista— en abrir paso a la democracia, codo a codo con el poderoso movimiento sindical encabezado por el joven Lula. En suma, cuando se mira el big picture, se observa un empresariado que ha formado parte de coaliciones plurales forjadas alrededor de causas nacionales ampliamente compartidas.

El caso de Chile es peculiar. La clase empresarial fue fundamental en el movimiento que derrocó a Allende. Esto la llevó a establecer sólidos lazos con segmentos de los grupos medios y, por cierto, con los militares; pero esto mismo creó una profunda grieta con esa parte de la población que vivió esos acontecimientos como un doloroso despojo (como los trabajadores), y dejó heridas que perduran hasta el presente. Cuando llegó el momento en que los chilenos reclamaron el retorno a la democracia, en los años ochenta del pasado siglo, el empresariado se cuadró con Pinochet, argumentando que Chile aún lo necesitaba para alcanzar el ansiado desarrollo económico. Perdió así la oportunidad de fundirse con las grandes mayorías nacionales y cerrar en parte la fisura creada por su respaldo al golpe y a la dictadura militar.

Pero el asunto no terminó ahí. En lugar de sumarse al proceso que se inició con el Presidente Aylwin en 1990, el empresariado se mostró desconfiado y renuente. De pronto sus líderes parecían más interesados en poner obstáculos para favorecer el retorno de Pinochet que en incorporarse activamente al nuevo ciclo. Esto se corrigió en los años posteriores, cuando el Presidente Lagos y Juan Claro, entonces líder de la Sofofa, concordaron la Agenda Pro-Crecimiento, que consagró la incorporación del empresariado local a la gran coalición que se formó en torno a lo que era el objetivo de la época: alcanzar un crecimiento económico que sirviera de combustible al sueño meritocrático.

Con los años, sin embargo, el objetivo del crecimiento económico fue perdiendo su atractivo. En parte porque el mismo se fue haciendo más esquivo, y en parte porque el acceso a las oportunidades se volvió cruelmente desigual ante la natural ampliación de las aspiraciones. Esto condujo a una peligrosa desazón de la población con la democracia, las élites y el capitalismo. Ante esto, en lugar de erguirse en un agente activo de las reformas necesarias para revitalizar una coalición que le había permitido cerrar parcialmente la grieta y formar parte de una gran causa nacional, el empresariado decidió sumarse a quienes las boicoteaban. El resultado está a la vista: el estallido del 18-O, el cual acentuó la crisis de legitimidad de la empresa.

¿Basta ahora con una buena estrategia de imagen para revertir esa situación? Todo indica que el desafío es bastante mayor.

Chile está redefiniendo sus fines y sus reglas de convivencia. Ante esto el empresariado requiere que sus intereses converjan en una coalición amplia y plural. No puede ser la misma coalición de antaño, aquella organizada en torno al crecimiento económico. La tarea prioritaria de la humanidad hoy es otra: es el combate al cambio climático, causa que moviliza la imaginación y las energías de las nuevas generaciones. Este debe ser el norte de la nueva coalición, que debe reunir actores sociales, culturales, científicos, territoriales, políticos y empresariales.

Crear la nueva coalición no será gratis: nunca lo es. Hay que romper paradigmas, aceptar renuncias, hacer concesiones. Pero si el propósito es alinear los intereses del empresariado con los de la sociedad, no hay otro camino.