La frase “El Estado soy yo”, atribuida a Luis XIV, posiblemente es apócrifa, pero es una excelente metáfora para describir el régimen político absolutista, en el cual el Estado —todas las instituciones, el territorio y la nación— son gobernados por un monarca que no está sometido a ninguna restricción institucional ni sujeto a la ley humana y, por lo tanto, ejerce, al menos teóricamente, la totalidad del poder. Ello ilustra la identificación indisoluble entre el Estado y quien lo administra y gobierna. Los contrapesos a la autoridad monárquica fueron gradualmente erosionados y los “cuerpos intermedios”, que hoy llamaríamos sociedad civil, fueron debilitados o desaparecidos. En suma, no existía una separación entre las esferas públicas y privadas y todos los ámbitos de la vida, la familia, el matrimonio, la economía, la religión, la diversión, la cultura, la lectura y el ocio estaban sometidos al poder del Estado y de quien ejercía el poder político.

El contexto histórico de entonces, con un territorio extenso e inaccesible, sin comunicaciones eficientes y una centralización inconclusa, no permitía el grado de totalitarismo de la época contemporánea, pero tampoco existía la idea propia de la modernidad de un individuo autónomo, emancipado de la servidumbre a los designios colectivos.

La creación de un ideario en el cual el individuo, que no es otra cosa que la persona humana, es sujeto de ciertos derechos que emanan de su propia naturaleza como ser único e igual en dignidad ha sido un pilar fundamental de los avances de la civilización; y tras la Revolución Francesa la separación entre la esfera pública y la privada está en el corazón de la teoría política democrática. La misma construcción de los derechos humanos está vinculada a la evolución de estas ideas, pues fue la convicción de que cada persona debe ser respetada en su autonomía para decidir las materias que afectan su vida y la de sus familias lo que hizo imperativo un decálogo respecto a sus derechos y prerrogativas, para limitar la extensión del poder del Estado y de los gobiernos. Una de las premisas en las cuales se basa la limitación de la esfera pública es la convicción de que los gobiernos no escapan a las fortalezas y debilidades de la naturaleza humana y, en consecuencia, no son más patriotas, virtuosos o sabios, ni tienen más capacidad que las propias personas para saber lo que estas realmente necesitan o desean. En definitiva, se trata de un cambio ético referido al comportamiento y actitudes aceptables entre unos y otros seres humanos: como sostuvo Adam Smith, para “permitir a cada persona perseguir su propio interés de acuerdo al plan liberal de igualdad, libertad y justicia”.

Fue aquello lo que permitió un concepto del poder político limitado en sus atribuciones, que protege espacios privados de la vida, entre los cuales los más relevantes se refieren a la familia, la educación de los hijos y las convicciones religiosas.

En este marco, la decisión de una comisión de la Convención Constitucional de eliminar de los derechos garantizados constitucionalmente aquel que tienen los padres (y que han tenido desde la Independencia, pues la primera subvención estatal para colegios particulares data de 1827) para decidir el proyecto educativo en el cual quieren formar a sus hijos representa indicios muy ominosos respecto al futuro de la libertad en nuestro país. Pretender que todo aquello que no es estatal es meramente mercantil y que la sociedad civil es conceptualmente lo mismo que el mercado, es el camino más corto para hacer realidad los temores de Tocqueville frente a una suerte de “despotismo democrático” que vaya degradando de manera “ordenada, dulce y pacífica” a los hombres hasta reducirlos a “no ser más que un rebaño de animales tímidos e industriosos cuyo pastor es el gobierno”.