Por estos días se cumplen dos meses desde la instalación de la Convención Constitucional. En lo que para muchos parece ser un lejano 4 de julio —por la intensidad con que se han vivido estas semanas—, y luego de una accidentada ceremonia de investidura, una mujer mapuche fue elegida presidenta de dicho cuerpo constituyente que, al día siguiente, comenzó a sesionar.

Más allá de las múltiples polémicas, incidentes y declaraciones aparatosas que involucraron a algunos de los convencionales (hojarasca, finalmente), lo que queda en limpio es que un grupo de 155 individuos —en su abrumadora mayoría, sin experiencia política previa— logró instalar, casi de la nada, un órgano que se apresta a aprobar un reglamento que le permita proceder a discutir y redactar un texto de nueva Constitución, que será luego sometido a ratificación ciudadana.

Otra conclusión que dejan estas semanas es que gradualmente se han ido despejando las más importantes inquietudes que existían respecto de la Convención. Así, por ejemplo, la amenaza de algunos de sus integrantes más radicalizados, en el sentido de que la Constituyente no comenzaría su trabajo mientras los denominados “presos de la revuelta” no fueran liberados, no se materializó. Tampoco el que la Convención se declarase “plenamente soberana” y, por tanto, no sujeta a las reglas procedimentales establecidas para su funcionamiento, en especial el quorum de dos tercios de sus integrantes para introducir normas al texto de la futura Constitución. Finalmente, el llamado realizado por el Partido Comunista a que el pueblo movilizado “rodeara la Convención” (que llevó a los más catastrofistas a imaginar que esta iba a sesionar en medio de una turba amenazante, lo que lograría alterar el sentido de sus decisiones) sencillamente no fue acogido.

Alguien podría hacer notar que no hay nada que celebrar en que las amenazas mencionadas más arriba no se hayan materializado, recordando de paso otros tantos episodios cuestionables que sí acaecieron. Pero ello ignoraría lo extremadamente difícil de la situación político-social que el proceso constituyente en marcha busca canalizar institucionalmente. O el que los procesos de este tipo, en que hay tanto en juego, son casi siempre trabados y altamente conflictivos. Si se tiene esto último en cuenta, el balance de estas semanas de instalación de la Convención y de elaboración de sus reglas internas de funcionamiento es inequívocamente positivo. En este punto cabe anotar que este juicio respecto del desempeño general de la Convención Constitucional es —para sorpresa de buena parte de las élites— ampliamente compartido por el grueso de la ciudadanía. En efecto, de acuerdo a diversos estudios de opinión, la Convención continúa siendo mejor evaluada que las demás instituciones políticas del país y, aun cuando el apoyo y la confianza ciudadana en ella han caído en parte en estos meses, sigue representando un foco de esperanza en medio de una crisis generalizada de los poderes establecidos.

La pregunta que surge es qué explica el divorcio anotado entre la positiva percepción ciudadana y el hondo pesimismo que exhibe la mayor parte de las élites respecto del trabajo de la Convención. Confrontados a esta pregunta, algunos seguramente atribuirán esta muy distinta apreciación a lo que suponen es la ignorancia del resto (en línea con ese viejo refrán que sostiene que un pesimista no es sino un optimista bien informado). Si se descarta una explicación tan pueril, factores como los diferentes medios a partir de los cuales distintos grupos se informan del trabajo de la Convención, o el que los sectores económicamente aventajados estuvieron, en general, desde un inicio en contra de introducir una nueva Constitución (apoyando en su mayoría la opción “Rechazo” en el plebiscito habilitante del año pasado), podrían explicar el dispar juicio que existe respecto al desempeño de la Convención.

Para terminar con este —necesariamente preliminar— balance de la instalación y primer período de trabajo de la Convención, esta fase inicial sugiere que, más allá del “ruido ambiente”, la última exhibe capacidad de corregir errores y de lograr consensos importantes.

Javier Couso