La economía está en una fase de alta expansión liderada por un boom de consumo. La baja base de comparación, la recuperación de la economía internacional, el elevado precio del cobre y los masivos estímulos monetarios y fiscales, además del efecto de los tres retiros de fondos previsionales, explican este dinamismo. El crecimiento del segundo trimestre superaría el 17% y se espera que esta trayectoria se mantenga en los próximos meses. El nivel de actividad es hoy superior en más de 2% al nivel previo a la pandemia. El mercado laboral se encuentra rezagado, pero las últimas cifras alientan la expectativa de que la ocupación avance en los próximos meses.

En tanto, el mundo político sigue promoviendo más gasto. Se prorroga el IFE universal, con aclamación de todos, y un grupo persiste en impulsar un nuevo retiro de fondos de las AFP. Los paquetes de apoyo de Chile durante la pandemia son de los mayores del mundo y los más altos de América Latina. Las transferencias a los hogares superan con largueza la pérdida de ingresos. No importa, nada de ello es suficiente en épocas electorales. Todo vale para reelegirse.

La deuda pública sigue una trayectoria fuertemente ascendente, a pesar del importante aumento de los ingresos fiscales producto de la alta actividad y el aumento del precio del cobre. El nivel actual de esta sigue siendo moderado, pero su tendencia hace proyectar que ya no lo será en pocos años.

El Fondo de Estabilización Económico y Social (FEES), que tanto costó construir y que hace dos años superaba los 14 mil millones de dólares, se acabará o estará en un nivel mínimo a fines de este año. Por supuesto, en este escenario no debieran sorprendernos nuevas bajas en nuestra clasificación de riesgo. Tampoco las presiones inflacionarias que se observan y el alza en las tasas de interés de largo plazo.

Es simplemente lamentable ver cómo algunos parlamentarios que promueven más gasto y más retiros, luego se muestren escandalizados por la baja en el fondo E, que justamente se ve afectado por estas iniciativas.

El mercado de capitales de largo plazo, una de nuestras grandes ventajas respecto de otros países emergentes y del nivel de muchos países desarrollados, se ha resentido. El Gobierno se endeuda a tasas más altas, a las empresas les cuesta más encontrar financiamiento a esos plazos, y las tasas de los créditos hipotecarios han subido en forma relevante, lo que hace que el sueño de la vivienda propia se haga más lejano.

El gasto público subirá este año en más de 30%, luego de haber aumentado 10% el año pasado. La regla de balance estructural simplemente no existe. Por cierto, era necesaria una política de fuerte apoyo a las familias y empresas durante la peor etapa de la pandemia, pero mantener una política fiscal altamente procíclica en las actuales circunstancias no tiene ningún sustento técnico. Los recursos hoy debieran focalizarse en recuperar los empleos perdidos. El ILE va en esa dirección.

Más temprano que tarde habrá que pagar la “fiesta fiscal”. La vuelta a la realidad será dolorosa y el frenazo de la economía, inevitable. Es de esperar que no tengamos una nueva crisis pronto, porque de ser así los recursos para mitigarla serían escasos.

Hasta hace no muchos años, nuestra política fiscal estaba marcada por el sello de la responsabilidad, lo que nos diferenciaba de otras economías de la región y de nuestro pasado más lejano. Hoy eso se ha perdido. Solo nos queda esperar que nuestros representantes reflexionen, piensen en el bienestar de largo plazo de los ciudadanos y retomen el camino de la responsabilidad fiscal. Las señales, por ahora, no son muy auspiciosas.

Rodrigo Vergara
Centro de Estudios Públicos