Perú, escribió el columnista Augusto Álvarez Rodrich, “suele decidir en política y economía mirando al vecino del sur”, y en esta coyuntura observa con atención el proceso constituyente chileno. ¿Imitará el camino?

Pedro Castillo, su partido Perú Libre y el aliado Juntos por el Perú quieren cambiar la Constitución fujimorista de 1993 (“es ilegítima, escrita en dictadura”) y llamar a una Asamblea Constituyente “plurinacional, paritaria y popular”, según expresó una excandidata, parafraseando discursos que tanto hemos oído acá.

En eso la izquierda peruana no se diferencia de la de estos parajes y, al parecer, se inspira en las mismas ideas “andinas” que influenciaron a las élites intelectuales “progresistas” de Venezuela, y de Ecuador y Bolivia, donde nuevas constituciones “refundaron” las sociedades, con modelos económicos y políticos basados en el “buen vivir” (sumak kawsay), tal como lo propugnan acá los convencionales originarios y sus aliados.

Castillo prometió que dará el pistoletazo inicial en su discurso del miércoles, y ha dicho que “respetará el marco constitucional” para hacer “con el pueblo, la primera Constitución del pueblo”. Este, el de la nueva Carta, es un “compromiso irrenunciable” para Vladimir Cerrón, el cerebro detrás del partido y del programa de Castillo.

En las actuales circunstancias, no parece fácil que Castillo cumpla, al menos en el corto plazo. Una Constituyente no está contemplada en la Carta, y el Presidente tendría que lograr que el Congreso apruebe una reforma que permita primero hacer un referéndum para luego llamar a una convención.

En este punto también han mirado a Chile. En los corrillos políticos se habla del acuerdo parlamentario del 15 de noviembre de 2019 y de la posibilidad de replicarlo allá. Claro que hay un escollo, por ahora, insalvable: más de la mitad de los congresistas rechazan una Constituyente. Y dadas las dificultades que ha tenido Castillo para armar el gabinete, y los parlamentarios para consensuar la directiva del Congreso, no parece realista pensar que los honorables lleguen a acuerdos para sepultar la actual Constitución. Un buen número de ellos ostensiblemente juró defenderla, al asumir el cargo.

La reforma también puede ser iniciativa ciudadana, y quizás sea esa la fórmula que elija el futuro oficialismo. Con unas 75.850 firmas, se podría presentar al Congreso una propuesta para hacer un referéndum; si la rechaza, todavía podrían presentarse unos 2,5 millones de firmas para convocarlo sin aprobación parlamentaria.

La oposición está resuelta a parar ese proceso desde el Congreso —donde los partidos de derecha y centroderecha tienen representación mayoritaria—, y también desde la calle. Ya hay jóvenes en terreno juntando firmas para reunir el número necesario que bloquearía una Asamblea Constituyente. “Para defender la democracia, usemos la democracia”, dicen sus impulsores.

Si Álvarez Rodrich tiene razón, quizás los peruanos debieran esperar a que nuestra Convención termine el trabajo para decidir qué hacer.