El Tribunal Calificador de Elecciones acogió un requerimiento de cesación en el cargo de la exalcaldesa de Viña del Mar y actual concejala de la comuna, Virginia Reginato (UDI), estableciendo que quedará inhabilitada para ejercer cualquier cargo público por cinco años.

En el documento se especifica que “entre otras actuaciones, se le imputó haber mantenido una situación permanente de déficit financiero y ocultar la real situación financiera del municipio, omitiendo informar en la cuenta pública realizada los años 2016 y 2017 los pasivos existentes en esas anualidades”. Así, la ex jefa comunal ha pasado a engrosar la larga lista de autoridades edilicias sancionadas en el país.

Al mismo tiempo, Viña del Mar vuelve a estar en medio de la polémica y de denuncias o sanciones por corrupción. Hay que recordar que el actual diputado Rodrigo González (PPD) fue destituido como alcalde en 1994 por el Tribunal Electoral Regional y, aunque fue reelecto en 1996, el Tricel ratificó la medida en 2000, poco antes de que concluyera su segundo período.

El caso de Viña no es sin embargo aislado, sino más bien sintomático de lo que ha ocurrido en una serie de municipios a lo largo del país, producto de la combinación entre el manejo de importantes atribuciones y grandes cantidades de recursos con una severa fragilidad institucional para velar por el buen uso de esos dineros. De hecho, la actuación de los concejales, un contrapeso natural para fiscalizar al alcalde, ha sido poco eficaz en términos generales, al punto de existir en muchas oportunidades situaciones de “captura”, por los beneficios que puede concederles la cercanía con el jefe comunal.

Lo sucedido en Viña del Mar da cuenta también de cómo los votantes suelen ser poco sensibles a castigar electoralmente gestiones cuestionadas. Son abundantes los casos en que los ciudadanos reeligen una y otra vez a autoridades acusadas de conductas irregulares, o en que incluso ediles destituidos e inhabilitados para seguir como alcaldes logran luego ser electos en otros cargos. Tal vez incide en ello la crónica falta de indicadores que le permitan a la ciudadanía medir el desempeño de los municipios de manera más objetiva. Ello debiera ser una prioridad de centros de estudios independientes y universidades hacia el futuro.

Finalmente, es lamentable que, de modo transversal, los partidos, en pos de lograr un buen resultado electoral, insistan en llevar como candidatos a figuras que enfrentan severos cuestionamientos o cuyas gestiones muestran falencias claras. El poder con que cuenta un edil para cultivar clientelas electorales parece ser determinante. Lo paradójico es que, a la larga, ello termina trayendo un desprestigio mayor a la política y a los propios partidos.