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Editorial
Viernes 23 de julio de 2021
Reforma notarial: inaceptable inmovilismo
La ciudadanía debe demandar de sus parlamentarios hacerse cargo de un problema que no puede seguirse arrastrando.
Un llamado de atención formuló esta semana el ministro de Justicia, Hernán Larraín, respecto del nulo avance, en la Comisión de Constitución del Senado, del proyecto de ley que reforma el sistema de notarios y conservadores. Desde su despacho por la Cámara, en enero de 2020, este proyecto acumula a la fecha 38 urgencias del Ejecutivo sin lograr ser puesto en tabla. De acuerdo con el ministro, el actual presidente de la comisión, el senador Pedro Araya, coincidiría en la necesidad de modernizar el nombramiento y la función de los notarios y conservadores, pero habría hecho notar la dificultad para avanzar en esta materia, dados los numerosos otros proyectos también relevantes que han debido abordar. La Comisión ha estado tratando en este tiempo iniciativas como el matrimonio igualitario, la moción que pretende indultar a los responsables de hechos de violencia en el contexto de la crisis iniciada en octubre de 2019 o la nueva ley de arriendos.
Aunque la explicación del senador Araya puede ser atendible, conviene advertir lo que el ministro Larraín ha señalado: si el proyecto no es puesto prontamente en tabla, será imposible que alcance a ser tramitado por la actual legislatura. Si este fuera el caso, con esta iniciativa del Presidente Piñera acabaría ocurriendo lo mismo que con todas las anteriores de distintos gobiernos para modernizar un sistema notarial cuya reforma constituye una necesidad evidente: ninguna vio la luz, pese al extendido consenso social respecto de su urgencia.
Se trata, por cierto, de un proyecto que impacta de modo directo en las personas, al hacerse cargo de la demanda ciudadana por contar con un servicio de mayor calidad que facilite los trámites registrales y los vuelva menos onerosos. Se ocupa de ello introduciendo más tecnología, una mayor oferta y una rebaja en los costos. Por lo mismo, es difícil entender por qué —más allá de la esperable reticencia de los incumbentes— los esfuerzos para abordar este tema amenazan otra vez frustrarse, mientras abundan las quejas respecto del actual funcionamiento del sistema, con notarías que cobran por sobre el arancel y ofrecen un mal servicio.
El gremio notarial ha criticado la introducción de la figura del fedatario —que supliría algunos trámites que hoy efectúan los notarios—, aduciendo que ello introduciría un riesgo en la fe pública; la Cámara de Diputados, sin embargo, ya acotó su número y ámbito de acción. Pero además —y entre otras modificaciones significativas— el proyecto también reforma y busca hacer más transparente el sistema de nombramientos, objetivando los parámetros para los concursos a que deberán llamar las cortes de Apelaciones para la conformación de las respectivas ternas, y entregando a un Consejo la decisión final, hoy en manos del Ministerio de Justicia. Se busca con ello abordar un problema muchas veces denunciado en reportajes periodísticos, los que han dado cuenta de redes de influencia que involucran a altos funcionarios del Estado, ministros del Poder Judicial y parlamentarios, en que las designaciones terminan muchas veces favoreciendo a personas con vínculos políticos, amistad o incluso parentesco con esas autoridades. Tratándose, además, de una actividad que se ha mostrado excepcionalmente lucrativa, no sorprende demasiado que la discusión de estos cambios se haya enfrentado a lo que el propio ministro Larraín ha calificado como “un lobby feroz”.
Al respecto, es tan irónico como revelador el que muchos estimen como un hito el hecho de que este proyecto haya conseguido al menos ser aprobado por la Cámara de Diputados, avanzando más que todos los esfuerzos anteriores en esta materia. Se trataría, sin embargo, de un triste logro y de otra causa para el desprestigio parlamentario si es que se mantiene el actual inmovilismo en el Senado. La ciudadanía debe seguir con atención el tema y demandar de sus parlamentarios hacerse cargo de un problema cuya prolongación en el tiempo resulta ya inaceptable.