Diez días antes del cambio de mando, y después de rechazar todos los recursos de reclamación que presentara Keiko Fujimori, el Jurado Nacional de Elecciones de Perú proclamó como próximo Presidente al profesor rural Pedro Castillo, un representante de la izquierda dura, al que algunos acusan de tener vínculos con asociados de Sendero Luminoso. Su gobierno enfrenta grandes desafíos, tanto políticos como económicos y sociales, en medio de una pandemia que tiene al país entre los más azotados de la región.

El Presidente electo prometió un “gobierno de apertura y estabilidad política, jurídica y económica”, a sabiendas de que la incertidumbre que pesa sobre su futura gestión es una amenaza para la gobernabilidad. Despejar las inquietudes de la mitad de la población que no lo apoyó en las elecciones tendrá que ser su prioridad, y para eso, la presentación de su gabinete es clave, así como el anuncio pronto de sus metas a corto plazo y el esclarecimiento de los cambios que hará a su programa de gobierno original, elaborado por el líder de su partido, Perú Libre, Vladimir Cerrón.

Castillo ha señalado que Cerrón, un exgobernador de Junín condenado por corrupción y quien se define como marxista leninista, no formará parte de su gobierno, y en su acercamiento con la excandidata Verónika Mendoza radica la confianza de que el sector de izquierda democrática tendrá un papel importante en su gabinete. Es el caso de quien ha estado en la vocería de Economía, Pedro Francke, encargado de tranquilizar a empresarios nacionales y extranjeros sobre la seguridad de sus inversiones, imprescindible para la reactivación.

Una de las propuestas más polémicas de Castillo es la de llamar a referéndum para convocar una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Carta que reemplace la de 1993, elaborada en el gobierno de Alberto Fujimori. Mendoza comparte ese objetivo y ha dicho que no estará en el gabinete, sino impulsando ese proceso. La mayoría de la oposición está en desacuerdo con tal proyecto, y si Castillo insiste en promoverlo en sus primeros días, encontrará gran resistencia y, eventualmente, se embarcará en un conflicto político con el Congreso.

La perspectiva de un enfrentamiento con el Poder Legislativo al inicio de su administración no es de buen augurio. Castillo requiere asegurar la gobernabilidad y, para ello, es vital que llegue a acuerdos para ampliar los apoyos parlamentarios que le permitan, en primera instancia, aprobar el gabinete y luego pasar las leyes. De 130 escaños, Perú Libre cuenta con 37 legisladores, más cuatro de Mendoza; a esos, debiera sumar algunos de los partidos de centro, como Alianza para el Progreso o Acción Popular, ya que puede tener la certeza de que la bancada fujimorista intentará obstruir cualquier iniciativa o, en el peor de los casos, buscar motivos para presentar una moción de vacancia, que, como se ha visto en la historia peruana reciente, no es hipótesis descartable.

Perú necesita que el nuevo gobierno entregue las soluciones urgentes que la crítica situación sanitaria y económica exige. Que el plan de vacunación siga adelante con prisa, que la economía crezca, de manera de crear empleos; que se cumplan las promesas de mayor preocupación por las regiones. Pero, sobre todo, que Castillo garantice a la ciudadanía que, bajo su gestión, la institucionalidad peruana no está en peligro.