Entre estallidos, pandemias, convenciones e innumerables candidatos a miles de cargos, se ha instalado como verdad revelada la necesidad de aumentar la carga tributaria a los chilenos.

Hasta hace unos 20 meses, al abordar el tema tributario, el eje del debate era cómo consensuar políticamente un pacto tributario estable y compatible con el empleo, el crecimiento y el progreso social. Al menos esas eran las intenciones declaradas, de manera más o menos borrosa, por el agregado de los presidentes que las impulsaron y quienes las negociaron en los últimos 30 años. La realidad, los resultados y seguramente lo que se buscaba —porque, digámoslo, en esas conversaciones participaron voces competentes y técnicamente conocedoras al detalle de la realidad fiscal del país— era principalmente una mayor recaudación. El énfasis no estaba en el crecimiento ni el empleo, tal vez porque “el país venía con vuelito”. Pero reforma a reforma se perdía ese metafórico “vuelito” y porcentajes crecientes de personas empezaban a ver cada vez más lejos sus metas y esperanzas de progreso. Así procesamos al menos seis reformas tributarias importantes en los últimos 30 años cuyo resultado fue que la carga tributaria en relación con el producto pasó de 17% a 21%. (oecd.stat).

Subrayo este dato: en 30 años la carga tributaria subió 4 puntos del producto. Hoy se plantea aumentarla en 10 puntos en solo 4 años. Algunos dicen que “se puede”, encomendándose al recuerdo de Dinamarca, que al final de los años 60 aumentó su recaudación en 9 puntos del producto, y a partir de ello proponen hoy aumentar la carga tributaria total en casi un 50%. Otros plantean demorarnos una década, tomando probablemente como ejemplo a Uruguay… que se demoró TREINTA años en aumentar su carga tributaria en 9 puntos del PIB.

Ausente de la discusión está el cómo lograr una mayor recaudación sin afectar la economía, la generación de empleo y con ello las posibilidades de progresar. Para los que preferirían ignorar que procesos como aquellos afectan al crecimiento (al empleo, a las familias y a los más vulnerables) está este dato incómodo, incómodo, incómodo: el gobierno de la Presidenta Bachelet se propuso subir los impuestos —y casi todos se sumaron a la foto de la celebración— para recaudar 3 puntos adicionales del PIB. El efecto de aquello sobre la economía es que dicha significativa alza de impuestos se tradujo en una mayor recaudación de apenas 0,3% del PIB. Entre los años 2015 y 2019 pasó de 20,4% a 20,7%.

¿Dejó de tener valor social, político y económico un equilibrio en que el Estado tiene más recursos para intentar hacer lo suyo mientras el país, la gente, los más vulnerables, la economía, todos, siguen teniendo una posibilidad de crecer?

En épocas de PCR requeridos para todo, vale la pena que nos preguntemos cuál es el examen más simple y amplio para detectar si estamos “sanos” económicamente: yo creo que ese examen, ética y técnicamente, es el empleo.

Prepandemia en Chile nuestra tasa de empleo (total de ocupados en relación a la población en edad de trabajar) era de las más bajas de la OCDE. 64,1% respecto de la media de 68,7%. La discusión en estos meses se ha centrado en cómo recuperar los trabajos perdidos por la pandemia, como si ello fuera suficiente. En un programa de gobierno de cuatro años para un país que permite a su gente progresar, la meta tiene que estar mucho más allá.

Puesto en simple: cada punto adicional de empleo implica del orden de 160.000 nuevos trabajos. Si queremos llegar a la media de la OCDE, necesitamos 730.000 nuevos trabajos, además de recuperar los perdidos en estos meses. Pero si queremos llegar a la realidad de los países a los que está de moda encomendarse, si se quiere seguir prometiendo “Dinamarca, Dinamarca”, necesitamos crear casi DOS MILLONES de nuevos trabajos adicionales.

Si bien el empleo está fuertemente condicionado por los ciclos económicos, las políticas públicas en materia de educación, capacitación e incorporación de sectores de la población que han estado fuera del mercado laboral son determinantes en ello. Todo ello, desafíos bastante más complejos que simplemente anunciar cambios de un guarismo en una ley tributaria, o cambios de la base de un impuesto o bien entregar mayores atribuciones al Servicio de Impuestos Internos para recaudar más mediante una mayor fiscalización. No es una mayor carga tributaria en el país la que determinará que más personas ingresen a trabajar y encuentren más y mejores posibilidades, sino que de su capacidad de contar con las habilidades y destrezas que son requeridas para ello. Ello no está en el código tributario, ello está en cada uno de nosotros y en una educación que realmente permita desarrollar esas capacidades, independiente del lugar y el hogar de nacimiento.