No ha sido fácil configurar en Chile un sustento ciudadano que respalde monolíticamente gobiernos con mayorías estables que se reflejen y, sobre todo, se jueguen en el necesario soporte parlamentario. Salvo en los primeros años de la República, las mayorías absolutas entre nosotros siempre han sido difíciles de alcanzar y para lograrlas ha sido necesario uniformar posiciones discrepantes entre variados conglomerados. Tal es el camino que inevitablemente deben seguir las democracias representativas, salvo en aquellos casos en que existen partidos con fuerza suficiente para dilucidar el poder bilateralmente.

En el actual panorama la necesidad de esos pactos ha pasado a ser imprescindible, no obstante lo cual su concreción pareciera no tener cabida en las agendas electrónicas en uso.

En la formación, primero, y aplicación, después, de dichos pactos, es dable que surjan discrepancias que abren brechas que son frustrantes y abren debates que perjudican la unidad, sustancial en esta clase de entendimientos.

Hay ocasiones en que las divergencias, por ejemplo, ocurren por las relaciones con países cuyos gobiernos sustentan regímenes con los que algunos de los signatarios tienen diferencias profundas, incluso ideológicas, y otros, en cambio, profesan por ellos adhesiones casi pasionales. Mayor gravedad tienen las discrepancias que pueden surgir frente a variados temas a los que justificadamente se asignan, a lo menos por algunos, valoraciones éticas o morales, como son, por ejemplo, el caso del aborto o la eutanasia. Más explícitamente los desacuerdos pueden ser esenciales en torno a concretas definiciones políticas, económicas o sociales, como el compromiso democrático, el rechazo a la violencia o, tal vez lo más relevante, el sistema de gobierno y el modelo económico.

Todos esos y similares temas requieren claridad para las partes y muy especialmente para quienes en definitiva acepten o rechacen las propuestas sometidas al cotejo ciudadano. Para unos y otros debiera interesar que el pacto político contenga proposiciones concretas y en lenguaje común a las cuales los suscriptores asignen jerarquía y significación, de modo que el elector pondere adecuadamente el compromiso de los pactantes.

Un programa político electoral o de gobierno por esencia debe ser amplio, de alcances generales y de aplicación temporal, delimitado por cláusulas esenciales sin cuya existencia la adhesión seria y reflexiva no debiera producirse. La propuesta no debiera escabullir las diferencias entre los pactantes, y la aceptación ciudadana debiera producirse de acuerdo con el subjetivo compromiso ideológico, juicio racional o sana conciencia, requisito de validez ética del pacto cuyo texto no puede ser titubeante o sujeto a interpretaciones.

Hay diferencias sobre aspectos que no son sustantivos con los cuales se puede convivir sin sobresaltos ni querellas, y ellas pueden ser asumidas sin abdicar de apreciaciones primordiales. Sin embargo, hay otras materias que, por las razones que fueren (recíprocamente respetables todas), no son transables y de ello debiera honestamente dejarse constancia. Así, debieran ser sustraídas del plural respaldo al programa general o a su futura implementación y lo razonable, entonces, es que se las excluya expresamente, sea en constancia colectiva o simplemente por declaración de quienes se abstienen de compromiso en esa materia.

El procedimiento discreto equivale a lo que en el Derecho de los Tratados se denominan reservas, institución codificada en la Convención de Viena. Ellas han sido determinantes para la consolidación de la comunidad internacional, y aplicadas a semejanza en nuestra política contribuirían a su transparencia evitando cuestionamientos, en ocasiones traumáticos, al interior de una combinación que dispone, por cierto, de un amplio inventario de temas prioritarios que encarar, todos en interés directo de la realidad nacional. El Derecho Internacional ha transferido fórmulas operables en situaciones de regulación nacional. Los protocolos de variada aplicabilidad en nuestra administración corresponden a los addendum que se incorporan a un tratado al que se complementa por esta vía. Así se hizo, entre otros, con el Protocolo de Kioto sobre el cambio climático.

Esta sugerencia pretende contribuir a la construcción de las coincidencias dentro de las discrepancias. Tal es el axioma fundacional de la política en democracia. Si soñar no está prohibido, pudiera servir de respaldo al actual gobierno y plantear una solución de unidad nacional para el siguiente que, según se comenta, será aún más complejo que este.