Preocupación e indignación son algunas expresiones que de inmediato surgen al conocerse una nueva disputa al interior del Tribunal Constitucional. Y es que lo ocurrido en los últimos meses dentro de esta institución, llamada a ser un tribunal que dé cuenta de una máxima excelencia, está alcanzando caracteres grotescos y penosos, impensables incluso para sus más férreos detractores. Ninguno de los embates de quienes son críticos de la existencia del Tribunal Constitucional contribuye tanto al debilitamiento de esta institución como la interminable serie de pugnas entre sus propios integrantes. Un ministro del TC, consciente de esta situación, ha llegado a reconocer en un pleno que “el tribunal está en una espiral autodestructiva. No sé en qué parte del camino nos perdimos y por qué llegamos a una situación de esta naturaleza”.

En un recuento que ni siquiera es exhaustivo, pueden encontrarse los siguientes episodios: imputaciones de la presidenta del TC en la prensa acusando a otros ministros de retraso de causas y haber llegado a una situación que “estuvo al límite de la corrupción”, declaraciones que abrieron una investigación penal; en la misma entrevista se refirió la presidenta a que el TC sería una “tercera cámara”, expresión que precisamente ha sido utilizada por los críticos del tribunal para desprestigiarlo; diversas acusaciones de maltrato laboral contra funcionarios y apertura de los correspondientes sumarios; aprobación con reparos de la cuenta financiera, incluyendo acusaciones de ministros del tribunal en contra de su presidenta de “interferencia” en el trabajo de la secretaría y de que existiría “una presidencia tan vinculada con el Ejecutivo que nos ocultó durante meses esa situación anómala”; y la reciente acusación de entrada y registros a las oficinas de los ministros, lo que incluye un nuevo sumario, apertura de causas penales y acciones cruzadas. Todo ello da cuenta de un deterioro en las relaciones entre sus miembros que excede en mucho la responsabilidad de una persona en particular, y en el cual diversos ministros han terminado privilegiando sus enemistades personales por sobre el bien de la institución a la cual representan.

No está de más destacar que la tarea del control judicial de la constitucionalidad de las leyes, que con características distintas está consagrada en la generalidad de los países, ya sea en tribunales especiales, como en Chile, o en una Corte Suprema, como en Estados Unidos o Argentina, es fundamental, toda vez que una Constitución que no tuviera este control dejaría de ser tal, y pasaría en la práctica a tener el simple valor de una ley. Su propia tarea como una instancia de control de las mayorías es esencialmente compleja y no suele contar con apoyo popular en sus diferencias con el Congreso o el Ejecutivo. De ahí que su fuerza radique precisamente en el prestigio de sus integrantes y la autoridad que pueda dar ante la opinión pública una labor ejercida con excelencia, incompatible con un clima de descalificaciones y rencillas cruzadas, como el que ha sido recurrente durante los últimos meses.

Todo este despropósito coincide, además, con un momento que se podría llamar estelar para el país y para el futuro del propio tribunal, en que precisamente se inicia un proceso constituyente. Los innegables aportes realizados por el Tribunal Constitucional, que, más allá de legítimas discrepancias con algunos de sus fallos, cualquier estudioso desapasionado no podría sino reconocer, no pueden quedar enturbiados por episodios como los comentados. De una profunda rectificación del actuar de sus ministros depende decisivamente el futuro institucional del Tribunal Constitucional y el aporte que pueda realizar al proceso constitucional que vive nuestro país.