Como otra expresión del absurdo al que conduce definir las conductas sociales admisibles según la “identidad” de las partes intervinientes debe entenderse la censura a que fueron sometidos algunos traductores de Amanda Gorman, joven autora estadounidense, quien leyera su poema “The hill we climb” en la ceremonia de inauguración del Presidente Biden, en enero pasado.

En efecto, tanto el catalán Víctor Obiols como la escritora holandesa Marieke Lucas Rijneveld fueron vetados por las respectivas editoriales encargadas de traducir a Gorman al catalán y al neerlandés, respectivamente. Obiols fue “cancelado” cuando ya había completado la traducción encargada, y Rijneveld —la ganadora más joven de la historia del premio Booker International— había sido aprobada como traductora por la propia Gorman, para después ser vetada por la editorial, luego de que la activista Janice Deul se quejara de que no fuera afroholandesa.

La idea de que una traducción solo es válida si está hecha por alguien cuya “identidad” coincide con la del autor, porque supuestamente solo así lograría tener la sensibilidad para entender su subjetividad, no solo es debatible, sino que se sostiene sobre supuestos que, proyectados al plano social, hacen de las relaciones humanas una interacción cada vez más dificultosa, hasta el punto de lo impracticable, y crecientemente menos libre.

Desde luego, la traducción es una actividad que requiere de conocimiento experto, algo que es independiente de la identidad del autor, y que esta última no asegura. Pero, además, en el ejercicio de la traducción también se manifiesta un rasgo fundamental de los humanos: aquello que en psicología científica se denomina “teoría de la mente”, la capacidad de ponerse en la situación del otro, de interpretar sus actitudes, lenguaje y gestos con cierta verosimilitud. Es a lo que implícitamente aludió el novelista español Javier Marías en una irónica columna sobre este caso. Aseveró allí que, según la doctrina asumida por las editoriales respecto de la obra de Gorman, “yo no debería haber traducido a Auden, O'Hara o Ashbery siendo ellos homosexuales y yo heterosexual, ni a Dinesen por ser ella mujer y yo varón, o a escritores ya fallecidos” encontrándose él vivo. Pero incluso asumiendo las dificultades que plantearía el problema de la subjetividad, pueden existir otros caminos para abordarlo. Por ejemplo, el editor alemán de Gorman decidió contratar a una traductora blanca de 67 años para hacer la traducción, y que luego su texto fuera pulido por una periodista negra de 40 años y por una escritora feminista germanoturca de 32. Es dudoso el valor literario de este ejercicio, pero al menos constituye una manera menos burda de enfrentar el tema que la imposición de vetos.

Con todo, lo más grave de este episodio es el trasfondo moral subyacente, propio de las doctrinas de lo políticamente correcto, según las cuales ciertos grupos identitarios tendrían el derecho tanto a “no ser ofendidos” como a calificar por sí mismos, desde su subjetividad, qué opiniones o acciones de otros serían ofensivas, y proceder a censurarlas. Así, en este caso, las editoriales que han cancelado a sus traductores lo han hecho bajo el supuesto de que si estos no comparten la “identidad” del autor, más fácilmente ofenderán a terceros con su trabajo; de hecho, han emitido sentidas declaraciones pidiendo perdón y manifestando su comprensión hacia quienes “expresaron su dolor, frustración, enfado y decepción”. Con ello han legitimado un supuesto derecho de algunos para, actuando como jueces y partes, establecer vetos sobre terceros. Por cierto, una sociedad abierta, deliberativa y crítica es incompatible con esta forma de reglar la interacción humana. No es posible imaginar una vida satisfactoria si ella está permanentemente sujeta a tales restricciones, menos aún en el contexto de complejidad social actual.

En definitiva, la “cancelación” de traductores es una nueva manifestación de la censura inquisitorial con que algunos pretenden amordazar a las sociedades contemporáneas.