Diversas reacciones generó la entrevista que transmitiera el canal de televisión La Red a Mauricio Hernández Norambuena, condenado por el asesinato del senador Jaime Guzmán y otros graves delitos cometidos en Chile y en el extranjero. En casi dos horas de transmisión, desde su celda y sin la debida autorización según los protocolos exigidos en la Cárcel de Alta Seguridad —lo que podría motivar un sumario administrativo interno y un procedimiento disciplinario para el recluso—, el exintegrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez se explayó sobre la realidad política nacional y justificó sus acciones delictuales. Respecto del asesinato del senador, señaló que había sido “un error político, pero desde la ética, una misión justa”, pretendiendo legitimar así el homicidio, en plena democracia, de quien fuera electo por los ciudadanos como uno de sus representantes en la Cámara Alta. A las críticas del Gobierno y de sectores parlamentarios por sus dichos, se sumaron alrededor de 200 denuncias presentadas al Consejo Nacional de Televisión.

Es indiscutible el interés público que el programa generó, y de hecho, no es primera vez que el exfrentista es entrevistado por un medio de comunicación. Corresponde a una sociedad democrática el más irrestricto respeto a la libertad de expresión, así como a la libertad que tiene todo medio de comunicación profesional de definir su propia línea editorial para seleccionar los contenidos a difundir. Entre ellos, se presenta como particularmente desafiante el género informativo de la entrevista, en el cual el entrevistado intenta entregar su propia visión y versión de los acontecimientos y de la realidad.

Resulta aún más sensible este punto cuando se trata de una persona condenada por asesinato y secuestro que, lejos de mostrar arrepentimiento por sus acciones, pretende reivindicar tanto estas como, en general, el uso de la violencia con fines políticos. Un abordaje poco profesional o condescendiente, sin la adecuada interpelación frente a afirmaciones que cuestionan bases de la convivencia democrática y los derechos humanos, arriesga transformar lo que puede ser un ejercicio periodístico valioso en una mera tribuna para que condenados por la justicia justifiquen sus acciones criminales, por cierto, sin consideración por sus víctimas. Es precisamente desde esta perspectiva que la entrevista referida ha generado fundados reparos, más allá del legítimo derecho del medio a realizarla.

En un escenario donde los medios profesionales son desafiados por las redes sociales desplegadas en diversas plataformas tecnológicas, se hace aún más necesario un periodismo que se esfuerce por contextualizar la información entregada y establezca una diferenciación clara entre opinión e información, intentando un distanciamiento de la lógica propia de esas redes. Estas, por su dinámica —y en un fenómeno que ha sido objeto de abundante estudio durante los últimos años—, suelen inducir a la desinformación y a la polarización del debate, tensionando la convivencia, tal como se ha visto en numerosas sociedades. Al contrario, un periodismo profesional, ejercido con rigor y capaz de confrontar fundadamente a los distintos actores, contribuye decisivamente al fortalecimiento de un orden democrático, sustentado en una ciudadanía informada.