Si bien es cierto que las cifras de empleo han mostrado signos de mejoría desde el peor momento de la crisis que se registró en julio del año pasado, ¿es realista el supuesto de muchos de que con el mero término de la pandemia volveremos a niveles normales de empleo? ¿Es realista sacar cuentas sobre la base del supuesto de que nuestra economía será capaz de retomar el dinamismo que perdió hace ya más de 6 años?

El 18-O y luego la pandemia han obligado —y nadie de buena fe podría criticarlo—, a que la discusión pública se enfocase en las urgencias inmediatas. Pero otra cosa distinta es que actuemos como si, pre 18-O y pre-pandemia, no hubiésemos tenido desafíos pendientes —y enormes— por enfrentar.

Es bien sabido que nuestra economía hace ya años perdió el dinamismo de décadas anteriores. Nuestra tasa de ocupación laboral pre-pandemia en torno a 58%, estaba muy por debajo de los niveles de países desarrollados a los cuales aspiramos imitar. Para incorporar más personas a la fuerza de trabajo no hay recetas “mágicas”. Lo que se requiere son medidas coherentes que permitan efectivamente que la economía vuelva a despegar. Y no solo despegar para recuperarnos de la recesión generada por la pandemia, sino que para volver a crecer en forma sostenible a tasas superiores a las registradas en los últimos 6 años.

Si alguien cree que del momento social y político que enfrentamos, podemos salir sostenida y exitosamente creciendo, por ejemplo, al ritmo promedio de los dos gobiernos de la Presidenta Bachelet, ese alguien y yo vivimos en realidades distintas. En la realidad que yo vivo los problemas sociales se originan en una crisis de expectativas frustradas, en una realidad en que gran parte del país se siente estancado.

La incertidumbre constitucional sumada a la elección de prácticamente el 100% de nuestras autoridades políticas durante este año, ya aportan toda la incertidumbre que necesitamos. Pero el Congreso insiste en aportar su cuota.

Diversos proyectos de ley en tramitación, dependiendo de cuál sea su versión final, condicionarán nuestra posibilidad de salir del estancamiento y frustración social que, con la notoria excepción del primer gobierno de Sebastián Piñera, han experimentado los chilenos desde hace casi una década y media.

Un ejemplo es el inspirador proyecto en discusión con el objetivo de proteger los glaciares de nuestro país. Geográficamente se extiende y afecta a proyectos en “sus cercanías”, se pretende aplicar la misma normativa a ambientes periglaciares e incluso en los que la realidad es otra, permafrost. Temporalmente, contempla la aplicación retroactiva de la norma a actividades que ya cuentan con permisos vigentes. ¿Certeza jurídica? ¿Derecho de propiedad? ¿Reglas del juego estables? ¿No espantar al que está pensando en invertir por la vía de liquidar al ingenuo que invirtió en un país que decía respetar la palabra empeñada?

¿Alguien ha leído la moción ya aprobada por la Cámara de Diputados que anula la ley de pesca vigente en nuestro país? ¿Certeza jurídica? ¿Derecho de propiedad? ¿Reglas del juego estables? ¿No espantar al que está pensando en invertir por la vía de liquidar al ingenuo que invirtió en un país que decía respetar la palabra empeñada?

¿Y la nueva regulación que se está discutiendo para las plataformas digitales? La tecnología, para qué discutirlo, se da tres vueltas a la manzana en el tiempo que a la política le toma enterarse de que las cosas cambian. Algunos dicen que este proyecto podría ser explicado como un intento por reducir la velocidad del cambio tecnológico ofrecido a los chilenos a la velocidad a la que la política puede seguir la conversación. Tal como alertó la Comisión Nacional de Productividad, las regulaciones en este sector tienen el potencial de generar consecuencias económicas adversas en los mercados en que se introducen. ¿Productividad? ¿Tendrá algo que ver con el acceso a nuevas tecnologías? ¿O será que en Chile somos tan distintos?

Y mientras avanza la agenda de proyectos legislativos que dificulta el desarrollo de nuevos proyectos en el mundo real, se mantiene políticamente estancada la agenda que apunta a que estos últimos avancen. Desde el 2018 se encuentran en el Congreso dos proyectos que buscan facilitar la inversión. El “Pro Inversión”, que simplifica y elimina trabas burocráticas, además de aumentar la certeza jurídica en la tramitación de proyectos por la burocracia estatal, con el objeto de promover la inversión y el emprendimiento. El “Pro Productividad”, que busca disminuir la complejidad regulatoria en distintos sectores de la economía, con el fin de aumentar la productividad y disminuir las barreras de entrada para el emprendimiento y la innovación.

Pero estamos frente al peor combinado posible: La celeridad con la que avanzan los proyectos que frenan la inversión en el país, sumada a la lentitud a la que se condena a los proyectos que buscan agilizarla. ¿Estaremos ante un Congreso que optará por declararse incompetente, irrelevante o incluso inconveniente para salir de la crisis? ¿Será que el Congreso reivindicará como obra propia el legado de estancamiento y la frustración social que nos trajo hasta acá?