“¿Es razonable que el día de mañana un carabinero le pida la identificación a alguien que va caminando por la calle? ¡Si eso es para evitar delitos, bienvenido sea!”, afirmó un senador apoyando el control de identidad preventivo que se discutía en el Congreso cinco años atrás. La nueva facultad permitía a las policías realizar controles de identidad sin tener un indicio que justificara el control, a diferencia de los controles de identidad investigativos, existentes desde 1998, que exigían algún indicio. Los dichos del parlamentario parecían convincentes. Porque es de Perogrullo que tener más herramientas para realizar la labor policial llevará a mejores resultados. Y que la preocupación manifestada por varios expertos sobre un uso discriminatorio de la nueva facultad policial tampoco se justificaba: la nueva legislación estaba bien diseñada y aplicaba aquello de que “el que nada hace, nada teme”.

El control de identidad preventivo fue aprobado como parte de la Agenda Corta Antidelincuencia, con un apoyo amplio y políticamente transversal en julio de 2016. Una importante concesión que se hizo a quienes expresaron que no había evidencia que sustentara la medida fue la exigencia, incluida en el artículo 12 de la ley, de que Carabineros produjera evidencia trimestral que sería publicada por el Ministerio del Interior y que permitiría una evaluación detallada de la política. A más de cuatro años de vigencia de la Ley 20.931 es posible concluir que la autoridad no ha cumplido con las obligaciones que esta le imponía. No se conoce análisis alguno del Ministerio del Interior o Carabineros sobre la efectividad de los controles de identidad preventivos y tampoco se publican regularmente estadísticas para que terceros puedan realizar dichos análisis. Fue necesario un largo litigio iniciado por los académicos Mauricio Duce y Ricardo Lillo ante el Consejo para la Transparencia, que llegó hasta la Corte Suprema, para que se publicaran estadísticas básicas sobre los dos tipos de controles de identidad, preventivo e investigativo.

Basados en los datos a que accedieron, Duce y Lillo publicaron recientemente un artículo en la Revista de Estudios de la Justicia analizando la evidencia. Las conclusiones son lapidarias. Los antiguos controles de identidad (los investigativos) son mucho más eficientes que los nuevos controles de identidad (los preventivos). Según los datos más recientes, se requiere 53 controles preventivos para realizar una detención o encontrar a alguien con orden de detención, comparado con solo 15 controles investigativos. A pesar de lo anterior, Carabineros privilegia los controles preventivos, constituyendo estos el 95% de todos los controles.

Duce y Lillo también obtienen evidencia de que los controles preventivos son discriminatorios. Aplicando una novedosa metodología desarrollada en la literatura económica, que permite detectar discriminación a pesar de la poca información a que tuvieron acceso, los autores constatan un exceso de controles preventivos a extranjeros, mujeres y quienes residen en comunas más pobres. Si los controles se aplicaran de manera neutra, el número de controles realizados a estos grupos sería mucho menor y aquel realizado a chilenos, hombres y residentes en comunas de altos ingresos mucho mayor.

En general, en Chile se realizan más controles preventivos que en otros territorios con datos comparables. En efecto, en Chile se realizan 282 controles preventivos anuales por cada 1.000 habitantes, comparado con 141 en España, 7 en Inglaterra y Gales, 6,6 en Escocia y 1,6 en Nueva York.

¿Por qué privilegia Carabineros el control preventivo por sobre el investigativo cuando solo este último permite registrar vestimentas, equipaje y vehículos? Probablemente, porque el control preventivo significa menos trabajo y no requiere justificación alguna, por lo cual no está sujeto a revisión judicial en la práctica. En cambio, los controles investigativos requieren algún indicio —por ejemplo, observar un intercambio de dinero por lo que podría ser una sustancia ilícita—, y pueden ser cuestionados por los afectados en sede judicial.

El problema de fondo es que los controles preventivos no contribuyen a mejorar la calidad de la labor de Carabineros, sino que, por el contrario, les permiten seguir realizando labores poco sofisticadas. Lo que se requiere es justamente lo contrario, que Carabineros realice una labor paciente y planificada de inteligencia, infiltrando bandas de narcotraficantes y bandas que realizan portonazos, entre otras, las cuales no deambulan por la ciudad arriesgando ser detenidas en un control de identidad.

No es cierto, como ha argumentado más de una autoridad en estos días para defender los controles preventivos, que toda medida que lleve a detenciones es bienvenida. Tampoco que otorgar más facultades a las policías siempre sea mejor. Los recursos de Carabineros son limitados y cuando se destinan a actividades poco efectivas, como los controles de identidad preventivos, se dejan de realizar actividades mucho más necesarias. También se discrimina a personas de grupos vulnerables y se profundiza la distancia entre la ciudadanía y Carabineros.

La semana pasada, una patrulla de Carabineros realizó un control de identidad preventivo a un artista callejero en Panguipulli. El artista intentó atacar al policía, el policía disparó seis veces provocándole la muerte y luego fue formalizado por homicidio. Todo por una medida de control que nunca tuvo evidencia que la avalara.