Hace siete meses, China promulgó la nueva Ley de Seguridad Nacional en Hong Kong y desde ese momento decenas de activistas prodemocracia han sido arrestados; otros han huido al exilio, mientras que figuras políticas fueron descalificadas para optar a cargos electivos. Beijing señala que la aplicación de la ley es necesaria para mantener el orden y garantizar estabilidad en la isla. El temor a que el autoritarismo termine con el estatus especial de Hong Kong se hace realidad.

Así, a inicios de este nuevo año, 53 personas quedaron bajo arresto. Aunque no se les han formulado aún cargos, se trata de supuestas violaciones a la referida ley, que señala que están prohibidas las actividades de sedición, secesión, terrorismo y colusión para pedir ayuda extranjera. La escasa definición de esas conductas permite a las autoridades una amplia interpretación y aplicación arbitraria de castigos.

De acuerdo con las informaciones, estos últimos arrestados habrían participado en elecciones primarias ilegales de candidatos para las legislativas. Antes ya había sido condenado uno de los dirigentes opositores más conocidos, Joshua Wong, quien recibió una sentencia de 13 años por reunión ilegal y es ahora sospechoso de violar la misma ley de seguridad nacional. Por razones similares está preso el empresario de medios Jimmy Lai.

En esta campaña china de represión contra la disidencia, también se incluye a la web. El jueves, el HKChronicles, un sitio opositor, fue bloqueado por el ente que controla y censura internet en Hong Kong. La autoridad advirtió que su sistema impedirá el acceso a cualquier sitio que “incite a realizar actos ilegales”.

Parece evidente que Beijing está empeñado en terminar con toda disidencia en la antigua colonia británica, violando los acuerdos de 1997 que determinaron el traspaso del territorio a China. En ellos, esta se comprometía a respetar las libertades individuales y civiles y el sistema político y judicial de los hongkoneses por cincuenta años. Pero la Ley de Seguridad Nacional es un instrumento que le permite a Beijing imponer su autoridad sin contrapeso y perseguir a cualquiera que no se avenga a su poder. En este contexto, se obliga también a los funcionarios públicos a prometer “lealtad” al gobierno, bajo amenaza de despido. Son varias las conductas que pueden originar sanción: desconocer la soberanía de China, apoyar la independencia, solicitar injerencia extranjera o efectuar actividades contra la seguridad y el gobierno local.

No solo los hongkoneses son víctimas de las arbitrariedades de Beijing. Además de las voces silenciadas por hablar del coronavirus, las minorías musulmanas del noroeste del país, en especial los uigures, han sufrido persecuciones masivas por años. Hace unos días, tanto Londres como Washington han aplicado sanciones que impiden comercializar el algodón de esa región porque en su producción y recolección se usaría mano de obra forzada. Aunque las autoridades lo desmienten, también se ha denunciado que las mujeres de esa etnia son obligadas a usar contraconcepción para disminuir la tasa de natalidad. Si son efectivas estas acusaciones, la represión en China alcanza nuevos niveles, en momentos en que el mundo está preocupado de la pandemia originada en Wuhan, y de otras crisis.